Crisis en las prisiones catalanas

El pasado 13 de marzo, un recluso de la prisión de Mas d’Enric de El Catllar, en Tarragona, asesinó a Núria López, una trabajadora de la cocina del centro penitenciario, y después se suicidió. Cumplía condena por acabar con la vida de una prostituta a puñaladas en 2016 y, según el departamento de Justicia, se le evaluó hasta 14 veces sin que nada hiciera prever el crimen. Un asesinato que fue la “gota que colmó el vaso” para los trabajadores de las prisiones catalanas, que llevaban años denunciando el aumento de las agresiones y alertando de que “algún día pasaría una desgracia”. Respondieron con protestas, la última este viernes, incluido el bloqueo de las cárceles, en el caso de Ponent en dos días, que llevó al confinamiento en sus celdas a más de 600 reclusos. Los funcionarios exigen dimisiones en la cúpula de Justicia que no han llegado. Según la consellera, Gemma Ubasart, no puede haber ceses en medio de una crisis “por responsabilidad”. Y en medio de esta crisis, la convocatoria de elecciones anticipadas en Catalunya.

Tres semanas después del asesinato de Núria, el único avance en el diálogo entre Justicia y los sindicatos es que este se ha producido. Pero sin ningún resultado todavía. Para los funcionarios, “es un discurso estéril, parece que lo único que quieren es ganar tiempo para que no haya más protestas de cara a las elecciones”. Para la Generalitat, en cambio, las sensaciones son positivas. ¿Qué pasará a partir de ahora? Los funcionarios avisan de más protestas en los próximos días, afirmando que es “urgente” tomar medidas para otorgarles más seguridad en las prisiones mientras hay convocados dos días de huelga para el próximo 26 de abril, inicio de la campaña electoral, y el 11 de mayo, día de reflexión antes de las votaciones al Parlament. “Nuestro deber es trabajar por la reinserción y estamos convencidos de ello, pero debemos actuar ante el grupo minoritario de internos que no respeta la convivencia en los centros, porque nos ponen en peligro a nosotros y al resto de presos”, defienden los trabajadores.

Decepción en los sindicatos por las “palabras vacías” del Govern

“Llegamos a trabajar solo dos o tres funcionarios en un módulo con un centenar de internos. Sabemos que la seguridad absoluta no existe, pero es urgente un cambio de política porque los incidentes son diarios”. Es la situación que denuncian funcionarios de Ponent a este diario. Al respecto, Modesto Berciano, de CSIF, avisa a Justicia que “no podemos ir a las reuniones a perder el tiempo, queremos que se nos respete y se tomen medidas efectivas y urgentes”. Asimismo, denuncia que “uno de los requisitos para estar en este grupo de negociación era cesar en las protestas, y eso no se puede permitir”. Por su parte, desde UGT, Alejandro señala que “tenemos la sensación de que nos están tomando el pelo, son palabras vacías y quieren alargarlo hasta las elecciones, pero no podemos permitirnos esperar hasta después del verano, porque se puede ir avanzando si hay voluntad”. “La plantilla se desmoraliza y esperamos que las urnas den un vuelco a la situación que vivimos”, avisan. En la misma línea, Jordi, de CCOO, denuncia el aumento “descontrolado” de las agresiones y también confía en un cambio de Govern. “Es lamentale que no haya ninguna propuesta inmediata”, lamentó.

La dirección de Ponent ya apartó a 5 internos violentos de la cocina

La dirección de Ponent decidió la semana pasada apartar de la cocina a cinco internos con condenas por delitos de sangre (tres por homicidio y dos por otros graves), en una medida que también se ha llevado a cabo en las prisiones de Lledoners y Mas d’Enric. Entre las propuestas, los sindicatos exigen que los funcionarios sean reconocidos como agentes de la autoridad, aumentar la plantilla, más formación y la dotación de aerosoles para situaciones de riesgo. En el caso de Ponent, una de las exigencias que hacen desde hace tiempo es la necesidad de remodelar y modernizar la cárcel, la segunda más antigua de Catalunya. Entre las propuestas a trabajar, exigen revisar el método de administración de la medicación a los internos, que se haga de forma diluida para evitar conflictos y tráfico, más pulsadores de seguridad o la creación de un centro destinado a internos de primer grado inadaptados y que hayan cometido agresiones reiteradas, entre otras. En la reunión con UGT, CCOO, CSIF, IAC-CATAC e Intersindical, Justicia propuso, según los sindicatos, una comisión parlamentaria sobre los aerosoles, un aumento de la plantilla y una nueva instrucción sobre seguridad.