Una ejecución hipotecaria deja sin casero a 15 familias de Golmés que viven de alquiler

Las quince familias que viven de alquiler en el número 82 de la calle Carretera Vella de Golmés se hallan en un limbo jurídico como consecuencia de una deuda del anterior propietario del edificio, J. V. V.: se han quedado sin casero a la espera de que el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Lleida dictamine si sus contratos de arriendo siguen o no vigentes tras haber pasado la propiedad del inmueble a manos del Sareb y, en consecuencia, si este pasa, o no, a ser su nuevo arrendador.

El ‘banco malo’ ejecutó en 2018 una hipoteca de Aliseda, la inmobiliaria del extinto Banco Popular, absorbido por Santander, de la que el anterior dueño había dejado de pagar varias cuotas, con lo que pasó a ser el dueño del edificio.Eso generó en la práctica un limbo en el que el nuevo dueño no llegaba a hacerse cargo de los arriendos, de entre 300 y 350 euros en la mayoría de los casos, y en el que algunos de los arrendatarios seguían pagando la renta mensual al anterior dueño en mano.Finalmente, Sareb optó por plantear un “incidente sobre derecho de los ocupantes a permanecer en un inmueble”, un inusual pleito del que ayer se celebró una vista en la que los inquilinos debían presentar sus contratos y explicar sus condiciones para que el juez decida si son válidos o no.En el primer caso se mantendrían sus condiciones, aunque ahora con Sareb como arrendador, mientras que de ser declarados nulos, ya sea por haber vencido sus eventuales prórrogas, por contemplar precios fuera de mercado o por otros motivos, sus actuales titulares deberían negociar un nuavo acuerdo con el ‘banco malo’.Las citaciones incluían la advertencia de que una incomparecencia conllevaría la declaración de que “no tienen derecho a permanecer en el inmueble” y que “se acordará su lanzamiento” del mismo una vez Sareb tome posesión, algo que desató la inquietud en la comunidad.

“Somos quince familias y no nos ofrecen nada. Nos echarán, cerrarán los pisos y los tapiarán”, teme el inquilino George I. D. “No es que no queramos pagar. Al revés, tenemos allí nuestra vida”, anota Mohamed A. K.“No estamos pidiendo un desalojo. Nuestra intención es ser el nuevo casero. Si el juez anula algún contrato se hará otro nuevo, y si una familia está en riesgo de exclusión se buscará un alquiler social”, señalan fuentes de Sareb.“Estaremos a su lado, buscaremos soluciones e intentaremos llegar a algún tipo de acuerdo”, dijo el alcalde de Golmés, Jordi Calvís, partidario de que Sareb ofrezca a los inquilinos contratos de alquiler con opción de compra. “Son familias trabajadoras y no hay ningún piso ocupado. Son gente normal que se ha encontrado con este lío legal”, añade.