LLEIDA
El Govern limita el alquiler de temporada y de habitaciones
Decreto ley para contener los precios
Se aplicará en los 19 municipios de Lleida con el mercado inmobiliario tensionado
Vista de Vielha, que se ha sumado a los municipios tensionados.
El Consell Executiu aprobó ayer un decreto ley que limitará los precios del alquiler de habitaciones y también el de viviendas por temporada. Esta norma se aplicará en los municipios cuyo mercado inmobiliario se ha declarado tensionado. Esta lista incluye la ciudad de Lleida y otras 18 localidades de las comarcas leridanas.
La nueva norma distinguirá entre el alquiler de temporada para uso residencial del que se contrata por motivos de ocio o asistencia a eventos. Los primeros no estarán sujetos a límites de precios, mientras que los segundos sí. La finalidad del alquiler deberá figurar en cada contrato. Si esto no consta de manera explícita, se considerará que el inmueble se arrenda como vivienda permanente.En cuanto al alquiler de habitaciones, el decreto ley establece que la suma de los ingresos por las diferentes estancias alquiladas de forma simultánea no podrá superar el límite de precio que, según la normativa para áreas tensionadas, se aplicaría al alquilar la vivienda entera.Estas medidas se completan con la previsión de sanciones para quienes superen los precios de alquiler de referencia y otorgando a la Generalitat derecho de compra preferente de viviendas de grandes propietarios o en inmuebles obtenidos en ejecuciones hipotecarias, con el fin de aumentar el parque público de pisos sociales. La lista de municipios leridanos con el mercado inmobiliario tensionado se limitó en un primer momento a ocho: Lleida, Balaguer, Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Guissona, Solsona y La Seu d’Urgell. Este mismo mes la Generalitat ha sumado 11 más: Vielha, El Pont de Suert, Bellver de Cerdanya, Artesa de Segre, Ponts, Almacelles, Alpicat, Alcarràs, Les Borges, Bellpuig y Linyola.La consellera de Territorio, Ester Capella, explicó que el decreto ley pretende complementar la legislación española en el marco de las competencias de la Generalitat, con el fin de responder a la “necesidad urgente e inaplazable” de evitar que el parque de vivienda residencial pase a ser de temporada.
