El Govern tramita alquileres sociales a 18 familias en riesgo de desahucio en Tàrrega y Golmés

Ofideute, el servicio de asesoramiento sobre deudas hipotecarias de la Generalitat, está tramitando expedientes para alojar en viviendas con alquiler social a dieciocho familias de los bloques de Tàrrega y de Golmés que se encuentran en riesgo de desalojo tras haberse hecho con la propiedad de esos edicicios la Sareb o banco malo mediante sendas ejecuciones hipotecarias.

“Desde la Agència d’Habitatge estamos colaborando con los servicios sociales de los ayuntamientos para tramitar el alquiler social obligatorio de las familias que acrediten su vulnerabilidad”, explicaron fuentes de la consellería de Territorio.Hasta el momento, se encuentran en esa situación nueve de las 30 familias de inquilinos del edificio de Claravalls número 9 de Tàrrega y otras tantas de las quince del inmueble número 82 de la Carretera Vella de Golmés.

“En ninguno de los dos casos hay fecha de lanzamiento fijada”, señalan desde la Generalitat, aunque el riesgo de quedarse sin casa es evidente para los vecinos de ambas comunidades después de que los tribunales hayan dictaminado que sus contratos de alquiler carecen de validez, en la mayoría de los casos por estar vencidos.Ambos ayuntamientos se han involucrado para mediar en este conflicto. “Algunas familias están en situaciones claras de vulnerabilidad. Hay que irlo resolviendo caso a caso, pero intentaremos aplicar alguna medida”, dijo el alcalde de Golmès, Jordi Calvís, quien anotó que en el pueblo “no hay pisos sociales, y estos son candidatos a serlo”, aunque para esa opción el consistorio necesitaría apoyo financiero. “Vamos a ver si encontramos un drenaje”, anotó.

Por su parte, la alcaldesa de Tàrrega, Alba Pijuan; el concejal de Vivienda, Miquel Nadal, y el edil socialista Silveri Caro se reunieron el martes con representantes de la Sareb, en la que se manejaron opciones como la aplicación de alquileres sociales en el mismo edificio o la compra de los actuales inquilinos. “Se trata de un proceso muy largo con muchos temas administrativos que podría alargarse más de un año”, señaló Nadal. La alcaldesa afirmó que “seguiremos trabajando porque el tema nos preocupa muchísimo”.

Más de 900 inquilinos han sido desalojados en Lleida en 3 años

Un total de 927 inquilinos han sido en Lleida durante los tres últimos años objeto de lanzamiento de los inmuebles que ocupaban como consecuencia de procedimientos de desahucio iniciados por el impago del alquiler, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Esa cifra de desalojos, que presenta una ligera tendencia al alza (308 en 2021, 292 en 2022 y 327 en 2023), duplica a la de los causados por ejecución hipotecaria en ese trienio, que fueron 464 y que tienden a reducirse. No obstante, en ninguno de los dos edificios afectados, Claravall, 9 en Tàrrega y Carretera Vella, 82 en Golmés, se han producido impagos. En el último de ellos los inquilinos estuvieron pagando sus rentas en mano entre 2018 y 2024 al anterior propietario del edificio, que estaba en vías de dejar de serlo al haber iniciado la Sareb la ejecución de una hipoteca del extinto Banco Popular.