El Ministerio de Agricultura pone en marcha la modernización de 45.767 hectáreas del canal de Urgell

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), ha puesto en marcha las obras de mejor de la eficiencia hídrica y automatización de 45.767 hectáreas de regadío del canal de Urgell. La previsión es invertir 24.021.561 euros para evitar las pérdidas de agua por filtración en los canales principales y regular su caudal para ajustarse a las necesidades de reg. El plazo de ejecución del proyecto es de 24 meses y tiene que beneficiar a 17.186 regantes de las comarcas de la Noguera, el Pla d'Urgell y las Garrigues. La modernización del canal de Urgell ha sido largamente reivindicada por sus regantes, sobre todo más recientemente, a raíz de los problemas por la sequía.

Según ha informado el ministerio con un comunicado, está previsto renovar el revestimiento de parte de los canales y las acequias que se utilizan en la zona regable, que presentan un elevado nivel de deterioro, para evitar así las pérdidas de agua y aumentar su capacidad. El canal de Urgell se construyó hace más de 160 años y es la infraestructura de regadío más importando de Cataluña.

La actuación incluye la construcción de tres balsas que permitirán almacenar un total de 1,1 hectómetros cúbicos de agua. Eso tendría que servir para mejorar la gestión del canal y de toda la zona regable que depende de ellas.

En relación a las balsas, se instalarán compuertas de regulación dinámica, que permitirán la automatización del llenado de las mismas y la regulación de los caudales situados aguas arriba de las acequias.

Este proyecto, que cuenta con un plazo de ejecución de 24 meses, favorecerá a 17.186 regantes de las comarcas de la Noguera, el Pla d'Urgell y las Garrigues. La actuación se enmarca en el programa para la eficiencia y sostenibilidad en regadíos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, por lo tanto, están cofinanciadas por fondo Next Generation de la Unión Europea. Su carácter público-privado supone que la aportación pública será de un máximo del 80% del coste de los gastos elegibles, mientras que las comunidades de regantes y usuarios aportarán el 20% restante.