Sareb aloja con alquiler social a 230 familias en sus edificios en Lleida

El viraje social de la Sareb comienza a tener efectos prácticos en Lleida, donde el banco malo ha formalizado, o está a punto de hacerlo, acuerdos de alquiler social con 230 familias en situación de vulnerabilidad económica y que, como ocurre con los inquilinos de Claravalls, 9 de Tàrrega y de Carretera Vella, 82 de Golmés, habían caído en un limbo jurídico: la ejecución de las hipotecas de los anteriores propietarios les había dejado sin casero y los jueces están declarando que sus contratos carecen de validez, lo que impide prorrogarlos.

Según explicaron fuentes de la compañía, Sareb formaliza esos alquileres sociales con familias en situación de vulnerabilidad y/o en las que haya mujeres maltratadas o menores, que pueden seguir en las viviendas hasta siete años, siempre que entren en el Programa de Acompoañamiento e Inserción Laboral, con cursos de formación y el acceso a bolsas de empleo.La cuantía de los alquileres se revisa conforme varía la situación económica de las familias.

Paralelamente, la Sareb ha cedido en la demarcación de Lleida 55 viviendas mediante convenios a administraciones, básicamente ayuntamientos, que gestionan los arriendos y pagan al banco malo un canon que incluye el IBI y los gastos de comunidad.Y, al mismo tiempo, está ultimando los trámites para ceder un edificio de ocho viviendas a la Paeria de Lleida mientras el departamento de Relaciones Institucionales mantiene abiertas las conversaciones con los ayuntamientos de Castellnou de Seana, Vilagrassa, Tremp, Les Borges Blanques, Vila-sana, Canejan, Aitona y La Granadella para traspasarles solares que quieren dedicar a usos sociales.Por último, fuentes de Sareb cifraron en 180 el parque de viviendas disponibles en Lleida. “Están a disposición de las administraciones, que pueden optar siempre a la compra preferente”, señalaron.Sareb dejó de dar prioridad a las ventas de paquetes de viviendas a fondos de inversión en 2022, tras la toma de control por el FROB, causada por la anotación de su deuda como pública, y la incorporación de la “utilidad social” a sus objetivos, que abrió la puerta a tratar con inquilinos y particulares.

A partir de entonces, cuando la ejecución de hipotecas genera limbos como los de Tàrrega y Golmés, la operativa comienza por la valoración de la vulnerabilidad y la propuesta de alquileres sociales si la hay. La segunda opción es ofrecer la compra preferente al inquilino, y la tercera, si esta falla, sería la oferta a una administración, que pasaría a actuar como casera.