Capítulo 3 de los hechos de Tor: ¿Quién asesinó a Sansa?

¿Quién asesinó a Sansa? Esta sigue siendo la pregunta en el caso Tor que sigue sin responderse cuando se cumplen 29 años de la muerte violenta de Josep Montané Baró, Sansa. Un asesinato que ya ha prescrito. Es decir, que si ahora saliera alguna persona y confesara que es el asesino, no podría ser juzgada ni condenada, ya que el caso ha quedado impune ante la ley.

¿Qué se sabe del asesinato? Sansa fue encontrado sin vida el 30 de julio de 1995 en su casa. Hacía varios días que estaba muerto. Había sido asfixiado con un cable que había en la vivienda y tenía los pies atados y el rostro desfigurado por los golpes que recibió. La Guardia Civil y el juzgado de Tremp se hicieron cargo de la investigación. La escena del crimen a duras penas aportó indicios. La víctima había sido arrastrada de la era hasta la cocina y el cuerpo llevaba allí varios días –había larvas–, lo cual complicó el hallazgo de rastros, especialmente si se tiene en cuenta que la tecnología que utilizaba a la policía entonces dista mucho del actual. Tampoco se determinó si había sido obra de unas o más personas. Esta última posibilidad cobró más fuerza.

¿Cuál fue el móvil del crimen? Este diario publicó al día siguiente del hallazgo que los vecinos creían que se trataba de una venganza “por oscuros negocios”. No se tiene que olvidar que nada más cinco meses atrás había sido declarado judicialmente como único propietario de la montaña ante el resto de vecinos y, además, estaba especialmente enemistado con Jordi Riba Segalàs, Palanca, que fue uno de los primeros sospechosos. Todo apuntaba que este pleito –con las desavenencias entre los vecinos–, que se alargaba desde hacía décadas, podía ser el motivo, aunque no podían descartarse otros.

El primer arrestado como presunto autor fue un joven barcelonés, Miguel Aguilera, que había sido contratado por la víctima como “guardaespaldas” ante las amenazas que había recibido.

El investigado afirmó que, a cambio de proteger Montané, tenía derecho a ocupar una habitación de la casa. Aguilera dejó una nota de despido escrita allí antes de que se descubriera el cadáver, cosa que lo convirtió en sospechoso –se especulaba que habían discutido. Sin embargo, ante la falta de pruebas, quedó en libertad.

Meses después de aparecer el cadáver, la Guardia Civil detuvo una pareja de la Seu de Urgell como sospechosa del crimen. Josep Mont Guitart, que había sido secretario de Sansa, y su compañera, Marli Pinto Gomes. Ellos fueron los dos únicos juzgados y acabaron siendo exculpados después de ser juzgados en la Audiencia de Lleida (ved el desglose).

También se sospechó que el Palanca podría haber ordenado el asesinato –o una paliza– a sus dos mozos, los hermanos Lázaro y Pablo Moreno. Este último ha acabado siendo el heredero del Palanca. También se investigó si había estado alguno de los hippies que había en la montaña. Fuentes conocedoras de la investigación aseguran hoy a este diario, una vez pasadas tres décadas, que “era un crimen cometido en el Pirineo que sería muy difícil de aclarar por varios motivos. En Tor hay más misterios que certezas. Las relaciones personales eran muy complicadas”.

Así, había muchos móviles y pocos hilos por estirar: tanto Sansa como el Palanca-amb sus respectivos grupos– cobraban peajes a los contrabandistas para utilizar las pistas y ambos estaban enfrentados. Además, Sansa tenía deudas con los hippies (les había pedido dinero) y con el empresario Rubén Castañer, frecuentaba clubs en Barcelona y había varios interesados a explotar la montaña.

Les especulaciones no han cesado con los años. Los testigos no colaboraron en las indagaciones y el paso del tiempo ha jugado en contra de la resolución del caso. Tres décadas después gran parte de los actores han muerto. Es el caso del sargento Uclés –de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Seu–, dos jueces, el abogado de la familia de Sansa, Francesc Sapena, muerto recientemente, o el mismo Palanca, que murió el 8 de noviembre del 2019. Los que continúan vivos siguen sospechando de unos y de otros y los que ya no están –en caso de saberlo– se han llevado el nombre del asesino a la tumba.

Absueltos el exsecretario de la víctima y su pareja

La Audiencia de Lleida acogió en diciembre de 1996 –un año y medio después del crimen– el juicio contra dos presuntos autores, Josep Mont Guitart y su pareja, Marli Pinto Gomes, que había sido militar. Mont había sido una especie de secretario de Josep Montané. Fueron detenidos y encarcelados en octubre de 1995 después de que un testimonio, Antonio Gil José, afirmara que había visto que la pareja golpeaba Sansa. “Todo dependía de este único testimonio”, recuerda hoy una fuente solvente.

Gil José tenía una reputación más bien mala, era bebedor y con antecedentes psiquiátricos. Su versión consistía en que mientras estaba haciendo sus necesidades vio como Mont y Pinto entraban en casa de Sansa y se montaba un revuelo. Tenía que ser un testimonio clave para la acusación en el juicio pero fue al contrario.

“El testimonio de Tor siembra dudas en vez de aportar pruebas”, rezaba el titular de la página 3 de SEGRE en un juicio que se celebró en lo que ahora es la sede del Museo Morera, en la rambla Ferran. Dijo que estuvo en Tor el 19 de julio de 1995 junto con otro hombre que, a su vez, afirmó que conocía Gil José ni tampoco había estado en el pueblo. Añadió que después se había ido a Palma pero los investigadores no encontraron ningún billete de barco o avión –dijo que dio un nombre falso.

Explicó así la agresión: “Mont le dio una patada a los genitales y Marli cogió un palo del suelo y lo golpeó en la cabeza cuando se agachaba por el dolor”. Josep Mont, en cambio, afirmó que “Montané era como un padre para mí”. El fiscal mantuvo su petición de 17 años de prisión por asesinato y la acusación particular pidió 20. El tribunal no esperó a dictar sentencia y justo al día siguiente del juicio dictó un acto ordenante la inmediata excarcelación de ambos ante las dudas, contradicciones y errores.

A la salida de prisión, ambos aseguraron que “no pararemos hasta que se caigan los verdaderos culpables”. Presentaron una reclamación ante el Estado de 55 millones de pesetas (lo que ahora serían 330.000 euros), pero el Tribunal Supremo lo rechazó. Del testimonio clave, la Audiencia dijo que declaró lo que había publicado la prensa, por lo cual su fuente podía ser esta y no una vivencia personal. Mont murió en el 2004 en la Seu y Pinto se trasladó en Galicia y también ha muerto. El caso se intentó reabrir pero todos los esfuerzos fueron en balde.