Once secretarios municipales de Lleida, cesados por la ley que limita la interinidad

Once secretarios municipales tendrán que dejar el cargo a partir de julio en virtud del real decreto ley de 2021 sobre la reducción de la temporalidad en el empleo público. Al menos, esta es la interpretación del texto que ha hecho la Generalitat, cuya dirección general de Administración Local se ha puesto en contacto con estas once corporaciones y otras nueve más en el resto de Catalunya (veinte en total) para poner sobre aviso a los secretarios o interventores sobre su cese coincidiendo con los tres años de entrada en vigor de la normativa.

El real decreto ley, aprobado tras un pacto entre sindicatos y el entonces ministro Miquel Iceta, establece que de no cubrirse una plaza vacante ocupada por un interino mediante las fórmulas que establece el estatuto del empleado público, “transcurridos tres años desde el nombramiento se producirá el cese del personal funcionario interino y la vacante sólo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera”. 

Esto, con la salvedad de que “el correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino”. 

Esta situación afecta, entre otros, a personal de los ayuntamientos de Almatret, Miralcamp y Artesa de Segre, además del consell comarcal de Les Garrigues (a uno de sus SAT, Servicio de Atención Técnica).El secretario de Administración Local, David Rodríguez, explicó que la “Generalitat está haciendo un seguimiento de las corporaciones afectadas por esta ley para acompañarlas y asesorarlas” ya que los interinos deben cesar a los 3 años de su nombramiento, reiteró, y “el ayuntamiento debe volver a cubrir la plaza”. 

El Govern “les avisa para que tengan una previsión”, añadió, con lo que rechazó que el cese proceda de la administración catalana. “Si no les avisamos, corren el riesgo de incurrir en una situación irregular y sería grave, ya que se trata de empleados que dan fe” de los actos de un ayuntamiento.

Rodríguez dijo que la estabilización de los interinos deriva también de las exigencias de la Comisión Europea, que, precisamente, el jueves lanzó una reprimenda contra la temporalidad del empleo público en España a través del Tribunal de Justicia (TJUE) y dijo que los contratos temporales encadenados deben convertirse en públicos. El colegio de Secretarios valora si la actuación de la Generalitat es adecuada o caben otras interpretaciones de la ley.

El colegio de Secretarios estudia si la actuación es legal

El colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Lleida está estudiando “si la actuación de la Generalitat se ajusta a la normativa, tanto en el fondo como en la forma” y, en caso negativo, “si tiene que tomar medidas al respecto de apoyo a sus colegiados”, señalaron fuentes de esta entidad.De hecho, el colegio de Secretarios ha denunciado en reiteradas ocasiones el elevado índice de interinidad en Lleida y en Catalunya. Según los últimos datos de la Generalitat, en Lleida hay 351 plazas de secretario, interventor o tesorero. Unas 70 corporaciones están exentas de cubrirla por su baja población o presupuesto. Menos de 60 figuran como no vacantes y del resto unas 120 están ocupadas por interinos. Otras 40 plazas figuran como ocupadas por nombramientos de otro tipo aunque también temporal y una cincuentena más de plazas no son ejercidas por ningún profesional.