La Diputación de Lleida impulsará un pacto del territorio para la gestión de los temporeros de la fruta
El pleno aprueba una moción del grupo Junts-Impulsem para que la corporación provincial lidere las reuniones con el Gobierno y la Generalitat para que aporten recursos y también para que impulse un pacto con los municipios
El pleno de la Diputación de Lleida ha aprobado este jueves por unanimidad una moción presentada por el grupo de Junts-Impulsem para impulsar un pacto territorial para la gestión de los temporeros llegados durante la campaña de la recogida de la fruta, y en la cual se insta, entre otros, a que la Diputación de Lleida lidere las reuniones con el Gobierno del Estado y la Generalitat de Catalunya para que aporten los recursos suficientes para atender las necesidades de las personas en situación precaria e irregular que no pueden ser contratadas.
La moción también reclama que la Diputación impulse un pacto con los municipios del llano de Lleida para abordar la gestión de los temporeros de la fruta
La Diputación de Lleida gestiona los tributos de 243 entidades locales
Por otra parte, el pleno ha dado luz verde a la aceptación de la recaudación en vía voluntaria y ejecutiva de varias tasas y precios públicos, a través del Organismo de Recaudación, de los ayuntamientos de Lladurs, Sudanell, Camarasa, Navès, Esterri d'Àneu y el Consejo Comarcal del Pallars Jussà. Con esta aprobación, “la Diputación ya gestiona los tributos de 243 entidades locales, de las cuales 226 corresponden a ayuntamientos, 11 a comunidades de regantes, 3 en consejos comarcales, 2 a entidades menores descentralizadas y 1 a mancomunidades de servicios”, tal como ha explicado el presidente de la Diputación, Joan Talarn. El Organismo de Recaudación se abastece de 95 profesionales y 10 oficinas de recaudación repartidas por todo el territorio a las cuales hay que sumar la gestión desde los servicios centrales. De entre la variedad de impuestos que se tramitan, destaca la delegación de la recaudación del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) de 223 municipios; el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de 222 consistorios; el impuesto de Vehículos de 214 ayuntamientos y las Plusvalías de 113 municipios. El hecho de que no todos los ayuntamientos deleguen todos sus impuestos y tasas aporta complejidad a la hora de aplicar las tasas del Organismo, ya que hay diferentes variables sobre las cuales se trabaja.