LA POBLA DE SEGUR
El ACA penaliza a La Pobla de Segur al no tener contadores
Debe pagar 52.000 euros de más por el canon del agua de 2022
Los repercute en recibos a los vecinos con 20,73 € por hogar
Imagen de archivo de una vista de La Pobla de Segur. - SEGRE
No disponer de sistemas para controlar el consumo de agua en los hogares le ha supuesto al ayuntamiento de La Pobla de Segur una penalización de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de más de 52.000 euros por el canon de 2022. Este organismo liquidó al consistorio 216.659 euros correspondientes al canon de 2022, mientras que el consistorio solo aprobó el pago de 165.396 euros, una cantidad que el municipio estableció de manera estimada a partir de la factura del ACA de 2021.
El alcalde de La Pobla de Segur, Marc Baró, explicó que “al no disponer de contadores ni sistemas de regulación, debemos pagar más por el agua y esta diferencia debe ser asumida por todos los vecinos”, dijo. El consistorio ha comenzado a emitir los recibos para liquidar la penalización de la ACA. En el caso de las viviendas, el recibo ascenderá a los 20,73 euros, y será de 40,75 euros por cada establecimiento de uso industrial. Este pago se podrá hacer hasta el 3 de agosto.
El consistorio aprobará en julio el proyecto para instalar 3.000 contadores, que costarán 750.000 €
El primer edil explicó que, para evitar que vuelva a repetirse una situación semejante, en el próximo pleno municipal del mes de julio se someterá a aprobación el proyecto de instalación de 3.000 contadores de agua inteligentes en todo el municipio. Hasta ahora, todos los vecinos pagan una misma factura, de unos 120 euros al año, independientemente del consumo que hagan. Según el ayuntamiento, el consumo diario es ahora de 304,25 litros por habitante. Es muy superior a la media de Catalunya, que es de 117. El objetivo del consistorio es comenzar a instalar los contadores entre finales de este año y principios del próximo. Implantarlos supondrá una inversión de aproximadamente 750.000 euros y el consistorio opta a ayudas de la Agència Catalana de l’Agua de 300.000 euros. Baró explicó que no contar con sistemas de control del consumo también impidió conseguir subvenciones y ayudas para renovar tuberías de la red de aguas y tuvieron que solicitarlas a la Diputación.
