El juez ve indicios de desobediencia en el ayuntamiento de La Portella

El magistrado del juzgado Contencioso Administrativo de Lleida ha dado finalmente el paso y, ocho años después de la primera sentencia que condenaba al ayuntamiento de La Portella a readmitir a la exsecretaria y abonarle los salarios que había dejado de percibir desde mayo de 2012, ha deducido un testimonio de diferentes resoluciones judiciales sobre el tema y lo ha remitido a la Fiscalia de la Audiencia Provincial de Lleida.

La providencia, a la que ha tenido acceso SEGRE, solicita al ministerio público que “efectúe las diligencias de averiguación” que considere necesarias “por si los hechos pudieran ser constitutivos de un eventual delito de desobediencia”.

El juzgado venía apuntando como presunto responsable de la actitud del ayuntamiento al alcalde, Carles Català, después de que el consistorio hubiera dejado de atender un requerimiento “para que se identificara a la autoridad o funcionario público responsable de la ejecución” de las sentencias.

Esa orden, transmitida mediante un auto fechado el 19 de enero del año pasado, advertía al ayuntamiento de que, de no identificar a la persona que estaba imposibilitando la ejecución de las órdenes judiciales, “se consideraría responsable al alcalde” y se le impondría una multa coercitiva de 1.500 euros.

El juez se la impuso, pero sigue sin tener constancia de que el alcalde haya consignado ese dinero. A finales de mayo de este año, el magistrado optó por imponerle otra sanción de la misma cuantía por “no haber procedido al cumplimiento de la sentencia” en la que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ratificaba la obligación de readmitir a la exsecretaria y de indemnizarla ni, “tampoco”, las “diversas resoluciones judiciales que se han ido dictando en el procedimiento de ejecución, y en las diversas piezas separadas”.El primer auto de ejecución de la sentencia dictado por el juez de lo Contencioso tiene fecha del 19 de febrero de 2019, hace ya más de cinco años.

Las cotizaciones y los intereses de demora disparan la indemnización

■ El juzgado de lo Contencioso Administrativo de Lleida cifró en 462.320 euros la cuantía de los salarios de tramitación que le correspondía percibir a la exsecretaria de La Portella a 31 de octubre de 2023, aunque la cantidad real es muy superior. La sentencia inicial establecía el derecho de la trabajadora a “percibir los salarios dejados de percibir a partir del 1 de mayo de 2012” y a “recuperar su puesto de trabajo”, a lo que se añaden dos recargos: el ingreso en la Seguridad Social de las correspondientes cotizaciones, que suponen en torno a 140.000 euros más, y “los intereses moratorios derivados de los salarios dejados de percibir”. Estos suponen un 69% para los de 2012 o un 20% para los de 2019, ya que no han bajado del 3,75% y estaban al 5% los tres primeros años.