La sequía supone un gran reto para el Urgell

El Canal d'Urgell se encuentra, a sus 162 años, ante el mayor de los retos: la modernización del regadío para ganar eficacia y ahorrar agua cuando el cambio climático está cuestionando más que nunca las garantías del líquido incluso con pantanos. La extrema sequía del año pasado ha disparado el barbecho hasta más del 10% de la superficie regable.

Es el hermano mayor de los principales sistemas de riego en Lleida, con permiso del medieval Canal de Pinyana, y de Catalunya. Abastece cultivos de cerca de 70.000 hectáreas y el equivalente a otras 25.000 hectáreas repartidas entre abastecimientos (121), granjas (1.790) e industrias (380). Tiene sus orígenes en las aspiraciones de progreso de la alta burguesía catalana, de la mano de la familia Girona, y se estrenó en 1852. La historia del Canal d’Urgell es la historia del éxito de un país antes conocido como el Clot del Dimoni, que abarca casi todo el llano, y ahora, 162 años después, tiene ante sí el mayor reto desde sus inicios: una modernización por la que claman todos quienes le rodean.

Sin embargo, el elevado coste de esta transformación (más de mil millones de euros) y el interrogante sobre cómo repercutirá en el bolsillo del regante mantienen el proyecto en vilo, a la espera de que agricultores y administración lleguen a un acuerdo sobre el reparto de costes. Pese a todo, el próximo miércoles se celebrará el acto oficial de las primeras obras de la ansiada modernización: la construcción de tres balsas de regulación, en Castellserà, Juneda y Penelles con capacidad para almacenar 1,1 hectómetros cúbicos de agua.

Un siglo después de la construcción de la infraestructura hidráulica, la SA Canal de Urgel estrenó el pantano de Oliana (1959) con el que ganó garantías de agua en caso de sequía. Cuarenta años después se inauguró el de Rialb, cuatro veces mayor, y los agricultores se acostumbraron a tener el suministro asegurado y con ello los cultivos fueron más atrevidos. “Antes de Rialb, a lo sumo había restricciones de agua a mediados de agosto y no había tanto maíz”, señala Jaume Pedrós, regante y síndico de la colectividad de Linyola. Sin embargo, la excepcional sequía de los últimos dos años, que la Casa Canal no da aún por finalizada, ha dejado un sabor más que amargo entre los regantes, que en abril de 2023 vieron cerrar el suministro por primera vez en siglo y medio a esas alturas de la campaña.

El drama agrario (las últimas ayudas a los afectados por aquella restricción se cobrarán previsiblemente este mes) ha derivado en una transformación de la organización del riego: del turno al hidro. “Antes, simplemente dábamos el agua y los regantes la cogían, o no. Ahora son ellos los que deben hacer el pedido antes del viernes para que les llegue el agua la semana siguiente”, explica Ramon Calvet, vigilante del agua en Ivars d’Urgell desde hace 30 años. Todo un cambio de mentalidad para un regante poco acostumbrado a la escasez.

La extrema sequía de los últimos meses ha afectado también la previsión de cultivos que han llevado a cabo los agricultores por miedo a que el agua no estuviera asegurada, a pesar de que tras las lluvias de primavera y principios de verano la Casa Canal podría activar este mes el sexto hidro. La prudencia ha llevado a incrementar las tierras de barbecho, que con datos de mayo de la propia comunidad de regantes suponían un 12,33% de la superficie, frente al 1,94% que implicaban en la campaña de 2022. El motivo puede ser que se hayan dejado de regar, también, para traspasar el agua a otra parcela, o bien que se cultivaran más adelante.

Entre el resto, predominan este año los cereales de invierno, con un 51%, seguidos de los arbóreos, con un 18,58% y alfalfa. Uno de los retos, íntimamente ligado a la modernización, es la revisión de dotaciones de la concesión que lleva a cabo la Confederación Hidrográrica del Ebro en toda la cuenca. El Canal d’Urgell descarta cualquier variación mientras no se resuelva la modernización.

“Hay que llegar a un acuerdo para la financiación de las obras”

Amadeu Ros, presidente de los regantes del Canal d’Urgell, defiende que la comunidad quiere alcanzar un acuerdo y firmar un convenio con la Generalitat y el Estado para definir la financiación de la modernización del regadío, cuyo coste supera los mil millones de euros. La ley catalana de riegos establece actualmente un porcentaje que atribuye a los regantes el pago del 30% del coste y el resto, con cargo a la administración. Sin embargo, los regantes defienden que se trata de una obra de interés público porque supondrá un ahorro de agua, vital para contrarrestar los efectos del cambio climático. Además, añade Ros, el coste sería excesivo para los regantes y los usuarios del canal no son solo agricultores, señala, por lo que “hay que rebajar ese porcentaje”, defiende.