LLEIDA
La Diputación abre el proceso para cesar al interventor tras retrasos en los pagos
Desde la institución le culpan de ralentizar la liquidación de facturas y subvenciones
La Diputación ha abierto un expediente para cesar al interventor tras años de retrasos en pagos que provocan quejas de municipios, empresas y entidades. Lo hace después de que directivos del ente provincial hayan atribuido al responsable de fiscalizar las cuentas una falta de cooperación que ralentiza liquidar obras, facturas de proveedores y subvenciones.
La Diputación ha iniciado el proceso para destituir a su interventor, responsable de fiscalizar las cuentas y dar el visto bueno a cada euro que sale de la corporación provincial. Según ha podido saber este diario y corroboraron fuentes de la administración provincial, el expediente para cesarlo está ya abierto y en tramitación. Llega después de años en los que retrasos en los pagos de obras, facturas de proveedores y subvenciones han provocado malestar y quejas de empresas, ayuntamientos y entidades leridanas. A lo largo de este periodo, el equipo de gobierno ha emitido cientos de decretos de presidencia para poder liquidar millones de euros bloqueados por reparos del área de Intervención.
El expediente para cesar al interventor se basa en informes de directivos y funcionarios de habilitación nacional de las diferentes áreas y organismos de la corporación provincial. Ninguno de ellos cuestiona su capacidad profesional, pero coinciden en culparle de ralentizar la liquidación de facturas y subvenciones. Las quejas no acusan de lentitud al área de intervención, sino que lamentan que esta no deja claro qué deben hacer los demás departamentos para que les autoricen los pagos.
Las críticas al interventor coinciden en atribuirle falta de comunicación y coordinación con el resto de departamentos. Sus responsables afirman no tener claros cuáles son los criterios a la hora de validar pagos y no recibir respuesta a sus dudas. El descontento dentro de la propia Diputación con el área de Intervención se hizo patente el año pasado, cuando la corporación provincial organizó un curso sobre dirección y liderazgo de equipos para sus altos cargos. En el marco de esta formación, se pidió a los participantes que emitieran informes sobre cuáles eran, a su juicio, las debilidades en el funcionamiento de la institución y cómo subsanarlas. La mayoría señalaron dificultades con el área de Intervención, mientras que el interventor no emitió informe alguno.
Las evaluaciones que apuntaban de forma recurrente a dificultades con el área de Intervención se incorporaron a un informe que la Diputación ha remitido a la Administración del Estado como primer paso para destituirlo. Esta, a su vez, debe responder con otro informe a favor o en contra del cese del interventor, aunque su decisión no es vinculante. En cualquier caso, la destitución del actual responsable del área de fiscalización, nombrado en el año 2021, no supondría su marcha de la Diputación. Al tratarse de un funcionario que ganó su plaza en concurso de méritos, la corporación provincial tendría la obligación de asignarle un nuevo puesto acorde con su categoría laboral si lo destituye.
Las calves
- El área de Intervención es la responsable de fiscalizar las cuentas de la diputación y debe validar el pago de obras, facturas de proveedores y subvenciones. El responsable actual fue nombrado en 2021 y está al frente de un departamento de veinte personas, de las cuales cuatro son técnicos superiores y el resto personal de gestión y administrativo.
- Las demoras en los pagos de la Diputación han sido motivo que quejas habituales en los últimos años por parte de ayuntamientos, empresas y entidades leridanas, si bien hasta la fecha han derivado en reclamaciones formales.
- La Diputación tiene pagos pendientes que llegan a remontarse hasta el año 2019, según corroboraron fuentes de la corporación provincial.
- Las cuentas bancarias de la Diputación acumulan remanentes por valor de unos 157 millones de euros, una cifra que roza la del presupuesto anual de la corporación, que este año asciende a 164 millones. La mayor parte de estos remanentes, unos 120 millones, corresponde a cantidades cuyo pago está ya comprometido. Buena parte está todavía pendiente de justificar para que la Diputación pueda pagarlo, según puntualizaron fuentes de la institución.
Cientos de decretos de presidencia desbloquean millones de euros
La Diputación revocó entre 2022 y 2023 más de 250 informes del área de Intervención que mantenían en suspenso pagos por valor de más de 2,5 millones de euros. Lo hizo mediante decretos de presidencia para poder abonar el importe de obras, compras y servicios frente a reparos del órgano fiscalizador, una práctica que se ha mantenido desde entonces. Se trata de un procedimiento previsto por la ley y la corporación provincial argumentó en su día que solo lo empleaba para evitar que retrasos excesivos perjudicasen a los proveedores. Puntualizó que únicamente lo hace cuando los reparos del interventos se limitan a aspectos formales y no cuestionan que las obras o servicios contratados se hayan efectuado. Las objeciones de Intervención suponen mantener los pagos en suspenso hasta que el fiscalizador los considere debidamente justificados, y para ello aplica un criterio estricto. Una muestra de ello es que planteó reparos a liquidar una factura de 6,24 euros.
Abren un proceso de selección para cubrir 51 plazas vacantes
La Diputación publicó ayer las bases que regirán el proceso de selección un turno libre para cubrir 51 plazas en la corporación provincial y sus organismos autónomos: el Patronato de Turismo, el Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), el Patronato de Promoción Económica y el organismo de recaudación de tributos. La vicepresidenta Sandra Castro explicó que esta convocatoria permitirá “avanzar hacia el objetivo de quedar por debajo del ocho por ciento de temporalidad” en la plantilla. “Será más estable y eso hará posible mejorar el funcionamiento de la institución”, añadió. Cuatro de estos puestos de trabajo se reservarán a personas con discapacidad.