El gobierno de Aragón decidirá si el cañón de acetileno de Fraga puede operar

El ayuntamiento de Fraga ha dejado en manos del Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) la decisión final sobre si pueden o no ser autorizadas la instalación y el funcionamiento del cañón de acetileno contra las tormentas de granizo cuya legalización ha solicitado la empresa Sarraseca.

“Estamos esperando el informe del Inaga” para tomar una decisión, explicaron fuentes del ayuntamiento de Fraga. 

Esa decisión debería derivar en el establecimiento de un criterio oficial en Aragón sobre la legalidad de este tipo de instalaciones, que llevan años en un limbo legal provocado por la inexistencia de legislación sobre el asunto y, también, por la ausencia de criterios científicos concluyentes sobre sus efectos. 

El aparato lleva al menos dos años instalado y operativo. Y, de hecho, según confirmaron fuentes policiales, tanto su existencia como su funcionamiento han sido denunciados en varias ocasiones ante la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) por el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil, que lo inspeccionó tras haber sido alertado por vecinos de la zona. 

El ayuntamiento de Fraga activó hace unas semanas el proceso de información pública para la solicitud de licencia presentada por Serraseca, que recoge que se trata de un cañón que lanza a una altura de hasta diez kilómetros ondas generadas mediante la quema de acetileno y de oxígeno para crear una pantalla de energía que hace que las piedras del granizo vayan perdiendo consistencia conforme la atraviesan en su camino de la nube a los campos. Ese sistema incluye la emisión de potentes ondas sonoras y el lanzamiento del acetileno y el oxígeno, algo que ha provocado la preocupación de los propietarios de explotaciones agrícolas cercanas y de los residentes en torres cercanas a la finca en la que se encuentra.