LEGISLACIÓN VIVIENDA
Andorra prevé 'expropiar' 2.000 pisos para alquilarlos
Los propietarios tendrán 3 meses para justificar el motivo del piso vacío
La nueva ley de vivienda entrará en vigor en 2025
El gobierno de Andorra calcula que el proyecto de ley que ha aprobado esta semana y entrará en vigor a partir de 2025 para hacer frente a la subida de precios de la vivienda en el país afectará a unas 2.000 edificaciones. Sobre estos inmuebles (la cifra es un cálculo todavía provisional), el ejecutivo andorrano según establece el nuevo proyecto de ley podrá obligar a sus propietarios a cederlos al gobierno para que los traslade a un parque público de vivienda asequible.
Según el documento, Andorra solo podrá “expropiar” los pisos cuando se acredite que efectivamente están vacíos. Este proyecto considera pisos vacíos aquellos que no tengan contrato de suministro de energía eléctrica o no muestren ningún consumo de energía durante 2 años.
En primer lugar, el gobierno se pondrá en contacto con los propietarios de las viviendas susceptibes de ser consideradas como vacías y estos tendrán un plazo de 3 meses para recurrir cualquier consideración.
Entonces podrán vender, alquilar o ceder voluntariamente la vivienda al parque de alquiler. De lo contrario, la ley permite su cesión obligatoria al gobierno por 5 años para cederlo a personas demandantes. A cambio, el titular percibirá una “compensación económica derivada de la cesión equivalente a la renta de precio asequible que se defina”, según explica el ejecutivo.
Si el gobierno no consigue alquilar la vivienda en un plazo de 6 meses, esta volverá a su propietario automáticamente. Todavía sobre los pisos vacíos, la ley contempla subir un 100% el precio por metro cuadrado del impuesto de los pisos vacíos (pasará de 50 a 100 euros).
Unas viviendas que, en gran parte, provienen de la inversión extranjera. Sobre esta cuestión, la nueva ley limita a 2 los pisos que podrán comprar los extranjeros. También se prohíben las promociones inmobiliarias extranjeras, excepto si son para destinarlas al mercado del alquiler. En relación a los pisos turísticos, prohíbe las nuevas licencias e impone un nuevo sistema de renovación de las existentes.