Los 176.000 hogares de Lleida sufrirán en siete meses un 'tarifazo' con la basura

Los 176.350 hogares de la demarcación de Lleida y las empresas propietarias de los 37.450 locales con actividad productiva de la demarcación se enfrentan de aquí al mes de abril a una fuerte subida de los recibos de la recogida de basuras que se deriva de la nueva legislación que obliga a las entidades locales a facturarles todo el coste del servicio.

Los algo más de 176.000 hogares de la demarcación de Lleida y las sociedades y autónomos propietarios de los 37.500 locales con actividad empresarial se enfrentan en un plazo de apenas seis meses, hasta el 1 de abril de 2025, a un tarifazo en el servicio de recogida y tratamiento de las basuras que en algunos casos puede llegar a duplicar la actual factura.

¿Y por qué en abril? Ese es el límite que recoge en su artículo 11 la ley de Residuos 7/22, que a su vez traspone la última directiva europea sobre la materia.Ese precepto establece que “los costes relativos a la gestión de los residuos (...) tendrán que ser sufragados por el productor inicial de residuos, por el poseedor actual o por el anterior poseedor de residuos”. Y, paralelamente, da a las entidades locales un plazo que finaliza el 11 de abril, cuando se cumplen tres años de vigencia de la norma, para empezar a aplicar “una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial (...) que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos”.

¿Cuánto dinero le supondrá esa tasa a los ciudadanos y las empresas? Todas las fuentes consultadas coinciden en la imposibilidad de determinarlo ya, aunque sí se sabe, por ejemplo, que en Lleida la parte del coste que pasarán a soportar los vecinos aumentará en torno a un 30%. Vecinos y negocios financian ahora algo más de 7,5 de los más de diez millones de euros que cuesta el servicio mientras la Paeria, que prevé atenuar el impacto de la subida distribuyéndola en dos años, cubre la diferencia desde su caja.Los equipos de gobierno de otros ayuntamientos leridanos como el de Agramunt comienzan este mes a estudiar cómo aplicarán la subida o, como el de Tàrrega, que tras la subida del 14% de este año ha marcado en su calendario el final de octubre, cuando prevén llevar al pleno la propuesta de ordenanzas. “Las estamos trabajando, pendientes de informes económicos y financieros”, señalaron fuentes municipales.

Otros consistorios han iniciado este año, con una amplia horquilla, la subida: un 10% (de 94 € a 103 por hogar) en Mollerussa, un 19,8% en La Seu, un 70% en Alpicat, un 9% el consell comarcal del Urgell, un 57% en la mancomunidad que atiende a los ocho municipios de la zona sur del Alt Urgell (Organyà, Cabó, Fígols i Alinyà, Coll de Nargó, Oliana, Peramola, Bassella y Les Valls d’Aguilar). Paralelamente, nueve entes locales y supramunicipales en los que se agrupan 94 municipios de Lleida están preparando con el apoyo de la Agencia Catalana de Residuos las llamadas tasas justas, que penalizan en el recibo de la basura a quien no separa los residuos y priman a quien se esmera en esa labor.

La subida generalizada del recibo de la basura llegará, en cualquier caso, después de que en los últimos cinco años las tasas de los servicios municipales se hayan encarecido en su conjunto un 12,45% en la demarcación de Lleida, según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística).El coste del servicio soporta en Catalunya una presión fiscal más intensa que en el resto del Estado, ya que el canon por tonelada de basura de la fracción resto, que se implantó en 2020, tres años antes que en el resto del Estado, asciende a 65,30 € mientras que el estatal es de 40 €. No obstante, el impacto de ese factor en el recibo final depende de si asumían su coste las entidades locales o ya lo cargaban a los vecinos.

El objetivo final de la directiva y de la ley consiste en desincentivar la generación de basura. “Ahora se va a saber lo que se paga, porque el recibo actual es en realidad una factura encubierta en la que se paga menos de lo que cuesta el servicio y parte de ese coste se financia con el IBI y otros ingresos municipales”, explican fuentes de la Agencia Catalana de Residuos, que añaden que “se trata de buscar sistemas justos”.

Multa de 1.500 € por verter escombros en Balaguer

La Guardia Urbana de Balaguer ha detectado un segundo vertido de residuos voluminosos desde que hace dos semanas comenzó a intensificar la vigilancia para erradicar este tipo de conductas incívicas. Lo hizo a raiz de la polémica desatada por la detección de más de medio centenar de episodios de abandono de este tipo de desechos en las calles de la capital de la Noguera.

En esta ocasión, el vertido fue detectado junto a un camino en una zona cercana a la ciudad, donde desde un camión se estaba arrojando escombros y otros materiales de desecho procedentes de una obra de construcción. “Esta actuación se ha conseguido gracias a la intensificación de las medidas por parte de los agentes de la Guardia Urbana”, informó la Paeria en un comunicado, en el que asegura que “se sigue trabajando para mejorar la situación de la gestión de los residuos en la ciudad”. 

La normativa municipal sobre esa materia sanciona con multas de 1.500 euros el abandono de cascotes y de material de construcción. La cuantía puede llegar a duplicarse en caso de que el responsable de los residuos sea reincidente o de que el vertido incluya restos tóxicos. Los policías locales imponían el 25 de agosto a un grupos de particulares la primera multa de 751 euros por el abandono de muebles como sillones, un sofá, varios colchones y algunas cajoneras en la calle. Procedían del vaciado de un piso.

Tres años para retirar el amianto de los espacios públicos

Los Agents Rurals han detectado en el último año y medio un total de 121 vertederos ilegales de restos de amianto retirados de edificios, según informa El Periódico de Catalunya. 

El ritmo de detección de estas irregularidades se ha disparado, ya que las cifras son de 79 de enero a junio de este año por 42 en 2023. La ley de Residuos estatal, que prioriza desde 2022 la retirada de ese material de los edificios, establece que “en todo caso las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028”. El vertido del amianto acarrea multas de 300.000 a 600.000 euros por episodio.