FRANJA
MAPA: el cambio de frontera que Aragón quiere hacer con Cataluña y ocho municipios de Lleida
La proposta de l'executiu aragonès afecta les delimitacions de Fraga, Saidí, Bellver, Tamarit i Vensilló amb vuit localitats del Segrià: Alcarràs, Massalcoreig, Seròs, Soses, Torres de Segre, Gimenells, Lleida i Almacelles
Imatge d’un dels límits provincials entre Osca i Lleida. - SEGRE
El Ejecutivo de Aragón ha manifestado su intención de modificar los límites fronterizos entre cinco municipios aragoneses de la Franja y ocho localidades de la provincia de Lleida, en un intento por redefinir las lindes entre ambas comunidades autónomas. Según ha informado el consejero de Fomento, Octavio López, se trata de revisar los límites de Fraga con Alcarràs, Massalcoreig, Seròs y Soses; los de Belver de Cinca y Vencillón con Gimenells i Pla de la Font; los de Saidí con este último municipio y con Alcarràs; y por último, los de Tamarit de Llitera con Almacelles, Lleida y también Gimenells.
Municipis d'Aragó i la frontera amb Catalunya
Estos datos figuran en la respuesta del consejero a una pregunta parlamentaria del diputado socialista Darío Villagrasa, quien se interesó por conocer el estado del "proyecto de delimitación del territorio de Aragón" impulsado por el anterior Gobierno de coalición entre el PP y Vox. Dicho proyecto señalaba "más de 250 discrepancias entre la delimitación realizada por el Instituto Geográfico Nacional y el Catastro". Los trabajos del Instituto Geográfico de Aragón (Igear), ya concluidos tras la salida de Vox del Ejecutivo, han llevado a priorizar la "revisión de 58 líneas divisorias entre municipios de Aragón y de Catalunya", aunque las diferencias afectan a otras áreas. López estima que serían necesarios tres años para "la ejecución completa de los trabajos, que requieren procesos completos de deslinde".
Mapa actual de los límites entre Aragó y Catalunya
Procedimiento de deslinde y posible conflicto judicial
Los procedimientos de deslinde requieren la participación de los ayuntamientos afectados (de hecho, se activan con un acuerdo plenario), de sus respectivas diputaciones provinciales y, en caso de discrepancia, deben ser resueltos por el Gobierno central tras el dictamen del Consejo de Estado. Sin embargo, los consistorios oscenses consultados por SEGRE han señalado que, hasta la fecha, no han sido informados de la puesta en marcha de estos procesos.
Cabe destacar que las decisiones derivadas de estos deslindes son recurribles ante el Tribunal Supremo. Dado el volumen de revisiones que pretende activar el Gobierno aragonés, existe la posibilidad de que se desencadene un conflicto judicial de calado. No obstante, el Ejecutivo aragonés está decidido a llevar a cabo las revisiones y, según confirma López, su departamento ha solicitado presupuesto al Instituto Geográfico Nacional "para todas las líneas" y tiene previsto incluir una partida en los próximos presupuestos autonómicos para iniciar los trabajos.
