El juez condena al ayuntamiento de Alguaire a abrir una calle que lleva 52 años aparcada

“Existe una problemática entre dos fincas y el uso de un espacio proyectado como vial, que deriva directamente de una mala gestión municipal”, señala el informe del perito judicial en el que el juez de lo Contencioso Administrativo de Lleida se ha basado para condenar al ayuntamiento de Alguaire a abrir el vial que debe comunicar la avenida de Ramon Espinet con la calle Molí, una obra que lleva más de medio siglo pendiente y cuya inejecución ha provocado un conflicto entre vecinos.

La condena obliga al consistorio a “adoptar las medidas necesarias para la efectiva apertura y ejecución del vial que lleva 40 años proyectado”, lo que incluye la “expropiación” y “posterior urbanización” del “patio-calle que nos ocupa”.

La parte resolutiva habla de 40 años, aunque la documentación de la causa amplia el retraso a los 52 años transcurridos desde que el ayuntamiento obligó en 1972 a un propietario a incluir “una franja libre de doce metros de ancho para configurar dicha calle o vial” en la segregación de una finca.

Sin embargo, pasaron los años y la calle nunca llegó a ser urbanizada, por mucho que el ayuntamiento llegara a otorgar a los vecinos de uno de sus extremos sendas licencias de obras para viviendas con “aperturas de acceso, voladizos y ventanas sobre dicha calle en proyecto”, en la que incluso hay aceras; pero no puertas principales: una carece de ella y otra tiene allí la trasera, la que da al jardín, en el que hay árboles, césped y elementos deportivos.

La “inactividad” del ayuntamiento genera “una situación vital que resulta (...) claramente insostenible y dañosa”, señala la demanda de los habitantes de la casa sin puerta en la nonata calle, representados por el abogado Enric Rubio, del despacho Rubio Legal, que considera “una sinrazón que ese terreno destinado a calle siga siendo privado, con las tensiones que ello genera y entrando en clara contradicción con las licencias otorgadas”.

Sin embargo, lo cierto es que el ayuntamiento nunca llegó a expropiar los terrenos de la calle que ahora ocupa el patio, cuya propiedad mantiene su dueño aunque su calificación es de suelo urbano no consolidado y no de residencial, que es lo que requeriría un jardín con todas las de la ley.

Lo que iba a ser un vial en las normas subsidiarias de 1992 se mantuvo como tal en el POUM (Plan de Ordenación Urbana Municipal) de 2006, aunque posteriormente fue adscrito a una unidad de ejecución “a desarrollar por la iniciativa privada”, algo de lo que no hay indicios de que vaya a ocurrir, según concluye el perito judicial.

El ayuntamiento llegó a aprobar por unanimidad unos días antes del juicio una moción que abogaba por “impulsar la figura de la ocupación directa” para ejecutar la calle, algo que, concluye el juez, expresa, “como mucho, una voluntad, en el futuro”, pero carece de efectos prácticos.

Un problema vecinal cuya resolución sale por menos de 40.000 €

El perito judicial que ha estudiado el caso ha valora en 39.561,55 euros el coste de la apertura del polémico vial: 10.644,41 euros por la expropiación del terreno que ocupa el jardín, 25.818,88 para la ejecución propiamente dicha y 3.098,26 para pagar la elaboración de los proyectos que serían necesarios para llevarla a cabo. “Procede acoger las valoraciones”, señala el magistrado en su sentencia. El patio-calle ocupa una superficie de 202 m², un rectángulo de 10x20 más dos chaflanes de 1 m² cada uno.