Expertos debaten sobre si los lotes de Navidad son un derecho de los trabajadores

La decisión del Tribunal de Cuentas de condenar al alcalde de Venturada (Madrid) a devolver los 11.710 euros que costaron 110 cestas de Navidad con ibéricos en 2021 ha generado un intenso debate sobre la legalidad y consideración de este tradicional regalo navideño en el ámbito laboral. Según ha dictaminado el tribunal, "las disposiciones de dineros públicos deben regirse siempre por el principio de legalidad sin que el hecho de que la entrega de las cestas de Navidad fuese un uso habitual en el ayuntamiento (...), pueda convalidar su ilegalidad".

Esta resolución ha desencadenado una supresión en cascada de la previsión de cestas navideñas en numerosas administraciones locales, poniendo sobre la mesa la cuestión de si se trata de un derecho adquirido de los trabajadores o más bien de una prebenda o beneficio extrasalarial. Mientras desde el ámbito laboralista se defiende que las cestas forman parte del salario de los empleados y que, por tanto, empresas y trabajadores deberían cotizar por ellas, el Tribunal de Cuentas es tajante al aseverar que la costumbre no puede ser fuente de derecho en el sector público.

La polémica está servida y son muchas las voces que se han alzado para defender posturas encontradas. Por un lado, los sindicatos reclaman que se respete este derecho adquirido a lo largo de los años y que forma ya parte de la cultura empresarial española. Por otro, desde instancias oficiales se insiste en la necesidad de cumplir escrupulosamente con la legalidad vigente y de evitar cualquier dispendio injustificado de dinero público, más aún en un contexto económico complejo como el actual.

En medio de este cruce de argumentos, cabe preguntarse hasta qué punto la supresión generalizada de las cestas de Navidad puede afectar al clima laboral en las empresas y si existen alternativas para mantener viva esta tradición sin incurrir en ilegalidades. Algunas compañías han optado por sustituir los lotes físicos por tarjetas regalo o por donar el importe equivalente a causas solidarias, en un intento de adaptarse a los nuevos tiempos sin renunciar al espíritu navideño.

En cualquier caso, el debate sigue abierto y es probable que en los próximos meses asistamos a nuevos posicionamientos y resoluciones judiciales que arrojen más luz sobre este asunto. Mientras tanto, trabajadores y empresas tendrán que encontrar fórmulas imaginativas para celebrar las fiestas sin perder de vista la legislación y las limitaciones presupuestarias. Un reto nada fácil en un año marcado por la incertidumbre y los vaivenes económicos.

“No es sencillo, porque no está legislado y es un asunto de jurisprudencia”, señala el profesor de Derecho del Trabajo Vicente Lafuente, quien coincide con el abogado laboralista Josep Moragues en que, en cualquier caso, el tratamiento es distinto en el sector privado y en el público.

“La función pública se rige por el interés público, ¿y qué interés público tiene un aguinaldo? Cero, no puede hacerse”, indica Moragues, en línea con el Tribunal de Cuentas.

“El Estatuto de Empleado Público es muy rígido a la hora de no admitir pagos no previstos en los convenios o los acuerdos de personal”, anota Lafuente, quien matiza que “sí se pueden dar aguinaldos, pero hay que hacerlo bien: justificarlo, tramitar el expediente, asignar una partida y tener el aval de los órganos de fiscalización”.

La cosa es distinta en la empresa privada, donde la cesta, si se entrega de manera habitual y a toda la plantilla, “es una retribución en especie, y hay que declararla y cotizar por ella”, explica Moragues. “Cuando una liberalidad del empresario se consolida en el tiempo pasa a integrarse en el salario como condición más beneficiosa o como cláusula contractual tácita, que es como se concoce al derecho adquirido. Y si está en el salario, aun hay menos duda”, apunta Lafuente.

Que sea salario tiene consecuencias: suprimir el aguinaldo es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, lo que requiere la misma tramitación y justificación que un ERE y da al trabajador derecho al autodespido con indemnización.

“Es una oportunidad que perdemos”: La anulación en cascada de los lotes de Navidad por los principales ayuntamientos y la Diputación impacta en la actividad de las entidades sociales que los elaboran

“Es una oportunidad que perdemos, aunque, como son licitaciones, tampoco habíamos ganado nada”, lamenta Isaac Casanovas, gerente de Ilersis, una de las entidades sociales que están sufriendo sobre una de sus principales líneas de actividad el impacto de la supresión en cascada de las cestas navideñas en las administraciones locales, que está siendo generalizada: dejan de darlos, además de la Paeria de Lleida (23.000 € en 1.700 lotes) y la Diputación (46.000 en 700), Tàrrega (12.500 € en 270 lotes) y Les Borges (4.325 en 87) y tienen la decisión pendiente, con más tendencia al no que al sí y con cualquier anuncio aplazado a la comunicación a las plantillas, El Pont de Suert, Tremp (4.000 en 100), Balaguer y Vielha. 

Ya no los daban Cervera, La Seu, Mollerussa, Solsona y Sort. También va a dejar de darlos el consell comarcal del Urgell mientras el del Pla medita su decisión. Bellpuig mantendrá la entrega de tarjetas monedero para gastar en el comercio local, y Agramunt se inclina por seguir ofreciendo lotes con productos locales (4.000 en 100). “Llevamos todo el año tratando con proveedores, haciendo catálogos y enviando propuestas”, señala Casanovas, que plantea un pivotaje comercial: “los lotes son algo complicado de recolocar. Con algunos proveedores, la mayoría de ellos de proximidad, tenemos el compromiso de poder devolver género, aunque la intención es ir a visitar empresas para vender”. 

En el mismo sentido se pronuncian desde la Associació Alba de Tàrrega, productora de las galletas El Rosal y que por segundo año lanza la marca Oh!mylot con la bodega y almazara L’Olivera y la tienda gourmet Casa Dalmases. “Perder esa línea supone un impacto potente para las entidades sociales”, señalan. Por su parte, los sindicatos de la Paeria de Lleida lanzaron ayer un comunicado en el que sostienen que la sentencia del Tribunal de Cuentas “no es aplicable a nuestro ayuntamiento, ya que estos lotes se gestionan mediante licitación, de manera clara y pública”.