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Un yihadista cazado en Lleida quería atentar contra la Sagrada Família

Hace un mes aceptó una condena de 6 años de cárcel. En su móvil hallaron fotos del monumento barcelonés y a un amigo le propuso colocar bombas en Bélgica

El condenado, durante la vista celebrada el 14 de noviembre en la Audiencia Nacional, en Madrid. - EFE

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La Audiencia Nacional condenó el pasado 14 de noviembre a seis años de cárcel a un joven de 25 años, originario de Marruecos y residente en Lleida, por adoctrinamiento yihadista y haber propuesto a un amigo suyo cometer atentados terroristas en Bélgica a cambio de 300.000 euros (como publicó este periódico el 15 de noviembre). La sentencia también acredita que la Sagrada Família de Barcelona también figuraba entre sus objetivos terroristas. Concretamente, en el fallo consta que “en la memoria del teléfono intervenido propiedad del acusado se encontraron fotografías del templo de la Sagrada Família en Barcelona y un total de 11 vídeos grabados del monumento conocido como Atomium de Bruselas (Bélgica) recogiendo varios encuadres, incluyendo la estructura y los aledaños que compartió con su primo, si bien el resto de mensajería intercambiada entre ambos fue borrada por el acusado”.

El joven fue detenido el 19 julio de 2023 en Lleida. Los investigadores hallaron en su móvil, entre el abundante material de contenidos inductores de la actividad yijadista, un vídeo en el que se le veía “realizando un entrenamiento físico en compañía de otro sujeto, posteriormente detenido por las autoridades de Marruecos por sus actividades relacionadas presuntamente con actos terroristas, en el que afirmaba que estaba preparándose para hacer la yihad y se preguntaba él mismo ‘¿Para qué hacemos deporte?’ y se respondía: ‘Es para hacer la Yihad y luchar contra nuestros enemigos’”. En enero de 2023 propuso a un amigo, a cambio de 300.000 euros, colocar dos bombas, una en Amberes. Ante la negativa de su amigo, el acusado afirmó que “era un cobarde”.

El acusado, S.E.F., pactó con la Fiscalía un acuerdo por el que se declaró culpable y, a cambio de la confesión, el Ministerio Público rebajó su petición inicial de 11 años y 5 meses de cárcel a los 6 años. La pena privativa de libertad será sustituida por la expulsión de España cuando haya cumplido dos tercios –cuatro años– o acceda al tercer grado penitenciario, no pudiendo regresar durante un periodo de cinco años.

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