La Diputación aprueba el presupuesto y busca superar la baja ejecución de años anteriores

El pleno de la Diputación dio ayer la aprobación inicial al presupuesto de 2025, de 172,4 millones de euros. Lo hizo con el apoyo de los partidos en el gobierno (ERC, PSC, UA y Pacte Local) y de Junts-Impulsem, en la oposición. Solo el PP votó en contra. El nuevo presupuesto aumenta un 5% respecto al del año pasado, que a su vez fue un 10% superior al de 2022. Sin embargo, estas cifras al alza contrastan con un bajo índice de ejecución presupuestaria, que en 2023, último año con las cuentas cerradas, se quedó por debajo del 50%. Revertir esta situación será un objetivo para el próximo año.

Tanto gobierno como oposición recalcaron la necesidad de mejorar la ejecución presupuestaria. El diputado de Finanzas, Marc Baró (ERC), avanzó algunas medidas para conseguirlo: la incorporación de nuevo personal (20 técnicos y 47 auxiliares) y la simplificación de trámites para evitar “bucles administrativos”. El vicepresidente primero, Agustí Jiménez (PSC), añadió que se pasará de un sistema de ayudas “poco operativo” a uno “más ágil de transferencias” para hacer llegar fondos a entes locales, empresas y entidades. El portavoz de Junts-Impulsem, Manel Solé, advirtió que “de nada sirve un presupuesto expansivo si no se ejecuta” y recalcó que la diputación de Lleida tiene el tercer porcentaje más bajo de España de ejecución de su presupuesto. “Es fundamental que esto cambie”, recalcó el portavoz del PP, Xavier Palau.

El presidente de la Diputación, Joan Talarn (ERC), afirmó que el presupuesto se ha confeccionado bajo la premisa de obtener el máximo consenso político, y destacó que ha incorporado propuestas de los grupos de la oposición. Durante la sesión se aprobó también el plan zonal de carreteras, primer paso para la incorporación de 200 kilómetros de caminos a la red viaria de la Diputación a partir del próximo año.

La corporación abre el proceso para nombrar un nuevo interventor

La Diputación abrió ayer el proceso para nombrar un nuevo interventor de forma provisional. Hizo pública la convocatoria para cubrir esta plaza junto con otra de viceinterventor. Entre tanto, la Generalitat ha nombrado a un funcionario de carrera de la propia corporación provincial para asumir las función de fiscalizar las cuentas y dar el visto bueno a cada pago.La contratación de un nuevo interventor se abre tras la marcha en noviembre del hasta entonces responsable del área de Intervención al ganar una plaza en otro municipio. La Diputación le había abierto un expediente para cesarlo, tras años en que retrasos en pagos de obras, facturas de proveedores y subvenciones que habían provocado malestar y quejas de empresas, ayuntamientos y entidades. Informes de directivos y funcionarios le culparon de ralentizar pagos, si bien ninguno de ellos cuestionó su capacidad profesional.