El juez obliga al ayuntamiento de Fraga a adaptar el puesto a un policía
El cuerpo lleva 2 años y medio sin atender la petición del agente, que suma 10 años con dolencias
El Jutjat Contenciós d’Osca, que ha dirimit el cas, és al Palau de Justícia de la capital.
El juez de lo Contencioso Administrativo de Huesca ha condenado al ayuntamiento de Fraga a adaptar el puesto de trabajo de un agente de la Policía Local que pidió esa medida hace dos años y medio y que hace ya una década, desde 2015, que había manifestado las dolencias. La desatención por parte del consistorio le ha llevado a acudir a la vía judicial. El agente presentó la solicitud de adaptación del puesto de trabajo a sus capacidades físicas el 17 de junio de 2022 y en diciembre de ese año, ante la falta de respuesta, decidió impugnar la “desestimación presunta” por silencio administrativo. En la demanda pedía condenar al consistorio a “dictar resolución por la que se resuelva la adaptación del lugar de trabajo del recurrente a las limitaciones laborales que presenta”. Es una posibilidad vigente en la legislación española desde noviembre de 1995, con la entrada en vigor de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, y cuyo incumplimiento expone a las empresas privadas a sanciones de hasta 12.000 euros más la obligación de indemnizar al trabajador.
Un tribunal médico determinó las condiciones de esa adaptación, que deberían consistir en evitar “cualquier actividad que implique cargar más de 10 kilos de forma puntual sobre la columna dorso-lumbar” y“cargar pesos menores de forma continuada”, así como en facilitar descansos sentados cada hora y media “en las tareas que requieran de bipedestación prolongada”, caso de las rondas, y “especialmente” en las vigilancias estáticas. También insta a “priorizar la alternancia entre la posición de pie y la posición sentada durante la jornada”, todo ello con “el mismo propósito de preservar la salud y prevenir lesiones en la columna vertebral”.
“Procede la estimación de la demanda”, señala la sentencia, la cual, no obstante, deja para la fase de ejecución la determinación de las adaptaciones concretas que requiere el puesto de trabajo. Y, en ese punto, el consistorio lleva ya casi medio año de retraso en diseñarlas. La defensa del agente, ejercida por el abogado Francesc Gaspar, se plantea presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el ayuntamiento para solicitar una indemnización. El cuerpo tiene más de veinte agentes, una plantilla que da de sí para hacer reestructuraciones.
