Primer juicio contra el Canal d'Urgell de un regante afectado por su cierre en plena sequía

¿El cierre del canal d’Urgell en abril de 2023 por la sequía respondió a una situación de causa mayor o fue una decisión discrecional de la comunidad de regantes? ¿Y la posterior exclusión del riego, ya en verano, de los cultivos no leñosos? ¿Y quién adoptó esas resoluciones: la junta como ente autónomo o las colectividades de base representadas en ella?

Esas son las principales cuestiones que debe resolver el magistrado de refuerzo del Juzgado Contencioso de Lleida tras la vista, celebrada ayer, por la demanda presentada contra el Canal d’Urgell por un agricultor de El Palau d’Anglesola, Andreu Llanes, que perdió su cosecha de maiz por no poder regar.

Se trata del primer juicio por una reclamación de responsabilidad patrimonial por daños derivados del cierre del canal rechazada por la comunidad general, que sostiene que se trató de una situación de causa mayor. Hay otro señalado para septiembre. Y el colectivo Manifest del Gran Urgell pretende aglutinar en una demanda conjunta las reclamaciones (hay 500 presentadas según este colectivo) que previsiblemente desestimará el canal y cuyos firmantes tampoco hayan sido indemnizados por la Generalitat.

A esas tres cuestiones se les añade otra más de calado: ¿las consecuencias económicas negativas de esas decisiones sobre el agua entran en el riesgo y ventura que cualquier agricultor asume como empresario o les corresponde un resarcimiento?

El caso de Llanes tiene particularidades. Antes de sembrar, en marzo, siguió las indicaciones que salían de la comunidad para fomentar el ahorro de agua ante la situación de escasez que atravesaba el sistema: no cultivar barbechos (su demanda de agua es mayor), sembrar solo en tierra con tempero (humedad) y no regar antes de que la planta alcance los 25 cm de altura. Así lo hizo, pero cuando los tallos habían alcanzado esa altura había dejado de circular agua por el canal, y cuando volvió a hacerlo, a partir de junio, fue solo para regar cultivos leñosos.

El maíz se murió, por falta de agua, en las 2,5 ha que había sembrado. Y ahora reclama al Canal d’Urgell, que ha desestimado su reclamación, una indemnización de 2.400 euros para cubrir los costes de la semilla y el herbicida. La Generalitat se la denegó porque el maíz, pensando en las segundas cosechas cuando se trataba de una inicial, no estaba entre los cultivos merecedores de apoyo.

Nadie discute la existencia de los daños ni la legalidad de la factura que presenta para cuantificarlos. Lo que está en tela de juicio, en un caso que marcará el resultado de los cientos de reclamaciones por resolver ya que los casos solo saltan al TSJC si superan los 30.000 €, es si la junta tenía margen para tomar otras decisiones y si las que adoptó resultaron lesivas para, al menos, los agricultores que se quedaron fuera de las ayudas del Govern.

Antoni Soliva, responsable de Distribución del Agua del canal, insistió en que el reparto del agua lo establecen las colectividades de base y que decisiones como el corte del agua, además de venir forzadas por la situación de escasez, son “completamente vinculadas, porque la junta está formada por los presidentes de las 20 colectividades”.

“No se dijo que se iba a cortar el agua en mayo. Se preveía que hubiera hasta julio, y con eso se pueden sacar los cultivos”, dijo Santiago Vergé, gerente de la Cooperativa de Miralcamp. Desde la junta “nos dijeron que cerraban el canal dos días antes” de hacerlo, anotó Josep Maria Salvador, síndico de la colectividad número 9.

Para Luis Alberto Mir, abogado del demandante, el cierre fue “una decisión que se tomó tarde y mal y en detrimento de algunos agricultores”. “Deberían haberlo dicho en marzo”, añadió. “No hay vínculo causal” y “fue una situación excepcional , concluyó Juan Romero, letrado del canal, que anotó: “no nos hagamos trampas al solitario: un agricultor sabe lo que hay”.

“El peor año de la serie histórica, desde que tenemos datos”

“La realidad fue peor de lo que preveíamos. Nos quedamos en el 40% (de las aportaciones medias en el Segre). Fue el peor año de la serie histórica, desde que tenemos datos”, explicó Antoni Soliva, responsable de Distribución del Agua del Canal d’Urgell sobre la crítica campaña de riegos de 2023. El año hidrológico empezó con solo 8 hm3 embalsados cuando el canal consume 492 un año normal. Apenas nevó ese invierno en la cabecera del Segre y el escueto deshielo había concluido en abril. El canal abrió el 27 de marzo y cerró el 25 de abril, ya sin reservas, para iniciar después un riego de apoyo de 10 días el 9 de junio. El día 30 de ese mes, en la junta de desembalse de la CHE, la Generalitat propuso, y la junta accedió, destinar los 50 hm3 que quedaban a salvar la producción frutera. No podía asumir las indemnizaciones por su pérdida, mientras las del cereal y el forraje sí podía afrontarlas, argumentó.