Los Mossos piden penas más duras por la marihuana para luchar contra los narcos

Los Mossos d’Esquadra explican que el tráfico de marihuana ya forma parte de nuestra delincuencia y que la gran parte de los cultivos que hay Lleida son para exportar la sustancia hacia el norte de Europa. Para combatir este tipo de narcotráfico, reclaman, entre otras medidas, endurecer las penas y que deje de ser considerada una droga blanda.

El narcotráfico internacional de marihuana se ha instalado en los últimos años en las comarcas de Lleida, así como en parte del Estado. Mossos d’Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional llevan a cabo periódicamente operativos para desmantelar cultivos, algunos de ellos auténticos laboratorios –con domótica incluida– en los que se llegan a conseguir hasta cinco cosechas en un año. Un kilo de marihuana producido en Lleida puede llegar a triplicar y cuadruplicar su valor en otros países de Europa, destino de la gran mayoría de la mercancía. Detrás de estos laboratorios hay redes criminales internacionales que pueden comportar otro tipo de delincuencia –no solo tráfico de drogas– como robos, vuelcos (robos de droga), tenencia ilícita de armas, defraudación de electricidad, secuestros y hasta asesinatos. Albania es uno de los países de donde proceden algnos de estos delincuentes. 

Solo en la cárcel de Lleida hay 60 reclusos de este país, 43 de ellos por drogas. ¿Por qué se han instalado aquí estas redes? Hay varios factores. Uno de ellos es la situación geográfica y territorial, cerca de Francia y de un ámbito rural, lo que les permite pasar desapercibidas. Hay otro factor relevante que explica este gran aumento. No es otro que las bajas condenas a las que se enfrentan las personas que son detenidas por cultivo y tráfico de maría. Penalmente la marihuana está considerada una droga blanda (sustancias que no causan grave daño a la salud) a diferencia de otras como la cocaína (causa grave daño). ¿Cómo se traduce esto en la práctica? Las que causan graven daño (cocaína, heroína, éxtasis, etc.) comportan penas mínimas de tres años (que pueden llegar a los 18 años en casos agravados de mucha cantidad y de organización criminal), mientras que las que no causan grave daño van de un año hasta los 15. Esto supone que los traficantes o los jardineros –encargados del cultivo y de la vigilancia de las plantaciones y que habitualmente son los detenidos– que acaban sentados en el banquillo sean condenados a entre dos y tres años de cárcel o, excepcionalmente, cuatro –en muchos casos se alcanzan conformidades–. 

En este sentido, el inspector jefe del Área de Investigación Criminal (AIC) de los Mossos d’Esquadra en Ponent, Sergi Mesalles, considera que se deberían agravar las penas: “Tendrían que subir a un peldaño superior. Es decir, la consideración de que es una droga que no provoca un grave daño a la salud es una falacia. Por lo tanto, la penología debería cambiar y equipararse a la cocaína, lo que procesalmente y penalmente comportaría condenas mayores”. Esto sería una factor que, según su experiencia, podría ser un elemento de disuasión para los narcotraficantes. 

En cuanto a la nocividad de la sustancia, afirma que “con los porcentajes de THC en los cultivos que estamos desactivadondo, estamos seguros de que sí causan un grave daño a la salud”. En este sentido, lamenta que “como no estamos en este punto, era obvio que la cifra de cultivos se incrementaría a lo largo del tiempo, de una forma u otra, pero está claro que ha favorecido el aumento de plantaciones”. Y hace la siguiente reflexión: “¿Qué nos encontramos? Un colchón muy blando en cuanto a las condenas, libre circulación por las fronteras y un importante ámbito rural. Es un fenómeno que hemos visto como llegaba, lo estamos combatiendo, pero se ha instalado y ya forma parte de la delincuencia que tenemos”. Pese a ello, el inspector jefe explica que “cada vez somos más eficientes y nos vamos especializando” contra esta delincuencia. Una de las desventajas es que al tratarse de redes internacionales entran en juego varios cuerpos policiales y diferentes jurisdicciones. “Son investigaciones muy complejas”, admite Mesalles. Asimismo, muchos de los casos acaban en largos procesos judiciales, en parte porque los letrados de los investigados los dilatan con recursos y otros trámites.