El juez condena al Urgell por cerrar el canal tras permitir las siembras en plena sequía

La información que la Comunidad General de Regantes del Canal d’Urgell transmitió a los regantes sobre la disponibilidad de agua en la primavera de 2023 “no fue suficiente ni previsora” e incluso “puede calificarse de errónea”, ya que no permitió que “pudiera preverse, anticiparse o planificarse adecuadamente” un escenario de “cierre del suministro de riego pocas semanas después” de haberse iniciado la campaña.

Esa es la principal conclusión que expone el juez de refuerzo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Lleida, Adrià Rodés, en la sentencia por la que condena al canal a indemnizar con 2.451 € a Andreu Llanes, de Castellnou de Seana, el primer regante cuya reclamación por las pérdidas que sufrió en una pequeña explotacion de maíz llega a juicio.

Hay 200 más en trámite ante el canal, que todavía no ha resuelto si las acepta o las rechaza cuando la sentencia sitúa a demandantes y demandado ante un nuevo escenario: la prolija y fundamentada sentencia, de 36 folios, viene a establecer algo similar a una doctrina jurídica de aplicación en Lleida, ya que las reclamaciones de menos de 30.000 €, como lo son las de los regantes, no pueden escalar al Tribunal Superior, ni mucho menos al Supremo, precisamente por las cuantías en litigio.

Las pérdidas millonarias que esa situación de información defectuosa y desconocimiento de la escasez de recursos generó a los agricultores, paliadas en la mayoría de los casos (aunque no en su totalidad) por la Generalitat, no pueden enmarcarse en el “riesgo asumible” con el que opera cualquier empresario ni en un escenario de “fuerza mayor” pese a la sequía, señala el magistrado, que observa “daños antijurídicos (...) sin que concurran causas de exoneración de la responsabilidad” para el canal.

Se produjo así “un quebrantamiento manifiesto de la confianza legítima” entre los regantes y el canal que deriva en una “responsabilidad patrimonial del segundo ante la que alegar que “el corte del canal no fue imputable” a su dirección tiene para el juez la consideración de “mera premisa”.

Sin embargo, y a pesar de primar en esta jurisdicción el principio del vencimiento objetivo, que por lo general acarrea el pago de las costas al litigante que defiende su posición de modo temerario, el juez rechaza imponérselas en este caso al canal tras admitir la existencia de “serias dudas de hecho y de derecho” por “la singularidad de la cuestión debatida”.

“Contentos sí, pero no es un día feliz: era mejor no llegar hasta aquí”

n “Estamos contentos, pero no es un día feliz: nos habría gustado no tener que llegar a esto, que es una muestra de la incapacidad de las administraciones y del canal para hallar soluciones”, dijo Jaume Perera, portavoz de la plataforma Manifest del Gran Urgell, promotora de las reclamaciones. “Vamos a seguir. Hemos intentado que hubiera una solución pactada, pero nadie ha asumido su error”, anotó, para mostrarse abierto al diálogo: “Espero que alguien mueva ficha ahora”. El presidente del Canal d’Urgell, Amadeu Ros, restó importancia a las reclamaciones: “Son casos aislados”, dijo, aunque admitió que 200 siguen vivas tras haber indemnizado la Generalitat a parte de los afectados. Ros desvinculó a la comunidad general de la decisión clave: “El agua no la cortamos nosotros, sino la CHE porque estaba en peligro el abastecimiento urbano. Decidió cortar y regar solo para salvar los árboles”, señaló.