Ibarz, exalcalde de Almacelles, exculpado de malversar 211.000 euros en dietas

El Tribunal de Cuentas ha exonerado al exalcalde de Almacelles por CiU Josep Ibarz, y también al funcionario que ejercía como secretario-interventor en ese ayuntamiento en el mandato 2015-2019, de cualquier responsabilidad legal y económica por el sistema de indemnizaciones por asistencia que se aplicaba en el consistorio, y que en esos años alcanzó un coste de 211.030 euros para las arcas municipales.

La Fiscalía sostenía que ese sistema encubría una serie de pagos de carácter salarial a los concejales, y que, en consecuencia, estos percibían como “indemnización” lo que en realidad sería una remuneración por una actividad laboral. Planteó el llamado reintegro por alcance para que lo devolvieran.

El pleno aprobó un sistema por el que asistir a una junta de gobierno ordinaria se pagaba con 550 euros, ir a una ordinaria con 200 y participar en el pleno con 50, a lo que se añadían 60 euros mensuales para cada portavoz de grupo.

Ibarz, que esos cuatro años fue diputado provincial con una remuneración anual de 66.594 euros, recibió otros 113.950 en el cuatrienio “por asistencia a los órganos colegiados del ayuntamiento”. En ese periodo, cinco ediles cobraron 79.800 por sus asistencias a la junta de gobierno, de la que no eran miembros pero a la que eran convocados. Y las mensualidades de los portavoces sumaban otros 17.280 euros. “No existe legalmente incompatibilidad entre la percepción de (dietas por) asistencia a órganos colegiados del ayuntamiento y el sueldo por dedicación exclusiva en la Diputación”, concluye la sentencia, que añade que tampoco son “pagos contrarios a la ley” los que percibieron el resto de concejales y los portavoces municipales.

El enésimo capítulo judicial

El asunto del Tribunal de Cuentas es el enésimo episodio judicial de la biografía de Josep Ibarz, a quien hace ahora un año el juzgado de Instrucción número 3 de Lleida exculpó en una causa en la que estaba siendo investigado por una presunta serie de contrataciones ilegales de obras en el consistorio, del que salió en 2021 tras ser inhabilitado por varias contrataciones, en este caso de personas, a dedo. Ibarz, cuyo paso por la política local se prolongó treinta años, fue denunciado en varias ocasiones por cohecho, aunque nunca fue condenado por ese delito.

El fallo plantea el régimen social y fiscal de los cargos

La sentencia del Tribunal de Cuentas plantea el vacío legal que rodea, en cuanto a cotizaciones sociales y tributación, la remuneración de los cargos sin dedicación exclusiva. “El empleo del término indemnización podría estar relacionado con la intención de eludir el cumplimiento de las obligaciones del pagador (en este caso el consistorio) en materia fiscal y de Seguridad Social”, señala.