MEDIO AMBIENTE
Condenado un agricultor por usar raticida contra conejos
El juez le impone una multa y le inhabilita para cazar un año. Considera que mató también a un milano real y tres águilas
Aplicación de un biocida en un talud en Fraga en 2022.
Un agricultor de Lleida ha sido condenado a una multa de ocho meses con una cuota diaria de 3 euros e inhabilitado para cazar durante un año por el juzgado penal de Lleida por un delito relativo a la protección de la fauna por utilizar raticida para acabar con la plaga de conejos en su finca. La utilización de este producto está prohibida en la agricultura y el juez considera probado que esta intervención no solo acabó con la vida de los conejos sino también de tres águilas y un milano real. Además de la multa (720 euros), el agricultor, F. P. T., deberá indemnizar a la Generalitat con 3.500 euros.
La sentencia relata que el agricultor colocó en los años 2020 y 2021 raticida Brody Parafina 25 BF en el interior de las madrigueras, en los márgenes de las fincas y entre las hileras de los árboles, lo que causó la muerte buscada y también la del milano real y las águilas. Ambos son especies protegidas y están valorados respectivamente en 2.000 y 500 euros. De ahí la indemnización a la Generalitat.
El uso del raticida, añade el juez, está prohibido en exteriores y en cualquier caso su uso requiere una titulación específica. Ello, porque es altamente contaminante y puede trasladarse a conejos de caza o a agua de consumo humano en las balsas si se coloca en sus taludes, con lo que sería una amenaza para la salud, señala el juez.
Esta sentencia, divulgada por grupos ecologistas, se dicta en un momento en que el debate sobre las armas para combatir la plaga de conejos (que causa daños millonarios a la agricultura) está sobre la mesa e incluye la reclamación de algunos sectores para ampliar el uso de biocidas (fosfuro de aluminio). Actualmente, su utilización está permitida en campos de golf o en infraestructuras como los taludes de grandes carreteras. Además, la Generalitat ha impulsado otras medidas vinculadas a la caza, mientras que los afectados invierten miles de euros en soluciones como la protección de las bases de los árboles o la instalación de vallas en las fincas.
