Treinta fosas para un doble olvido: el carpetazo institucional a la memoria democrática arrincona a víctimas de la Guerra Civil

“La derogación de la ley de Memoria Democrática de Aragón es sin duda un grave paso atrás, por lo que supone de renunciar a conocer y difundir el importante papel de ciertas personas, hechos e instituciones en la lucha por la democracia”, explica el sociólogo Josep Espluga, de la Universitat Autònoma de Barcelona, quien llama la atención sobre el efecto práctico de esa medida impuesta por PP, Vox y PAR sobre “la peculiar historia libertaria de las comarcas de la Franja”: “no supone gran cosa, dado que se trata de una memoria que apenas se ha recuperado todavía, al menos desde un punto de vista oficial”.

Ayer, por segundo año consecutivo, no hubo conmemoraciones por el Día de la Memoria Democrática, una decisión institucional a favor del olivido que, sin embargo, convive con la existencia de las 28 fosas con cientos de represaliados en la Llitera y la ribera del Cinca (y cuatro más en Benabarre) que contabiliza el Gobierno de Aragón, dos tercios de las cuales siguen sin ser inhumadas ni, cuando menos, dignificadas.

Ese viraje de la memoria democrática a la amnesia institucional resulta redundante, como apunta el profesor, ante uno de los episodios de la Guerra Civil a los que con mayor presión, y pocas excepciones, se ha aplicado la sordina desde las instancias oficiales: primero el propio Gobierno republicano, luego el franquismo y después tambien la narrativa memorialista.

Se trata de la revolución libertaria y colectivista desplegada en el verano de 1936 en la Franja y que tuvo su epicentro en la Llitera y el Baix Cinca, una insurgencia que derivó en el primera experiencia de gobierno anarquista tras la de Majnovia, localizada en Crimea y el Donbás (Ucrania) de noviembre de 1918 a junio de 1921.

El silencio oficial en torno a este episodio histórico contrasta con su reseña en algunas de las principales obras sobre la Guerra Civil. “Los anarquistas de Aragón intentaron así lo que sus compañeros catalanes siempre habían eludido: la toma total del poder” creando el Consejo de Aragón, que tuvo su primera sede en Fraga en octubre de 1936, narra en El corto verano de la anarquía Hans Magnus Enzensberger, para quien “no es de extrañar” que ese organismo “se haya convertido en el blanco de la desaprobación general” cuando sus objetivos principales eran “restablecer, unificar y desarrollar racionalmente la economía de la región, que había sido deteriorada por la guerra” y proteger a la población “contra los abusos de las milicias, que en ocasiones se habían comportado como una potencia ocupante”.

El golpe de Estado de 1936 dejó a esas comarcas en una tierra de nadie, y eso “propició que los grupos sociales más activos en el territorio, de inspiracion anarquista y con una sólida implantación previa, se autoorganizaran y tomaran el poder”, algo que se vió favorecido por “el hundimiento de la legalidad republicana” y que derivó en la creación de consejos locales, colectivistas e igualitarios (se prohibió el trabajo asalariado), con el Consejo Regional de Defensa como órgano de coordinación.

“Se trató de un movimiento social de grandes dimensiones” cuya “transformación radical del orden económico y social no acabó debido a la llegada de las fuerzas franquistas, sino que fue disuelta militarmente en agosto de 1937 por el Gobierno de la República”, que lo “percibía como un contrapoder y una amenaza a los principios liberales burgueses que aquel representaba”, explica Espluga. Fue, junto con los hechos de mayo del 37 en Barcelona, el principal exponente de la guerra dentro de la guerra.

A partir de la ocupación de la zona por los sublevados entre marzo y abril de 1938, “la memoria de aquellas transformaciones sociales fue silenciada y ocultada” y sus protagonistas represaliados, anota el profesor.

“El fin del franquismo no nos devolvió aquella memoria”, añade, ya que “las características de lo que sucedió en las comarcas de la Franja no tenía encaje” en la narrativa surgida de la transición, indica, ya que “era, y quizá todavía es, un desafío demasiado grande que sitúa a las comarcas de la Franja como “doblemente perjudicadas” en términos de memoria, o de olvido, instucional.