El Congreso retira la protección a los lobos y abre así la puerta a cazarlos

El Congreso retiró ayer la protección a los lobos al norte del Duero y abrió así la puerta a cazarlos. La retirada de este gran depredador de la lista de especies amenazadas era una enmienda a la ley contra el desperdicio alimentario que el PP incorporó en el Senado con el apoyo de Junts, el PNV y Vox (ver página 27). Estas cuatro formaciones ratificaron su voto ayer en la Cámara baja y sumaron una mayoría suficiente para ratificar la enmienda con el PSOE en contra.

Horas después de la votación, el gobierno autonómico de Asturias, en manos del PSOE, anunció que abatirá lobos este año, mientras que los de Galicia y Cantabria celebraron que pierdan el estatus de especie protegida. En Catalunya, la Generalitat no se ha pronunciado. Al margen del catálogo estatal de especies protegidas, este gran depredador figura desde 2022 en el catálogo catalán de fauna autóctona amenazada.

El lobo pierde su protección en un momento en que su presencia crece en Lleida. La Generalitat ha indemnizado en los últimos meses los dos primeros ataques de esta especie a rebaños en el Pallars Jussà. Está presente de forma recurrente en Port del Comte, en el Solsonès, y en terrenos de la Alta Ribagorça limítrofes con Aragón. También se ha avistado en los últimos años en el Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Sobirà y Aran. Su población en Catalunya se estima en una veintena. Casi todos son machos solitarios, si bien se ha avistado una primera hembra en Girona.

La reciente aparición del lobo en el Pallars Jussà es motivo de preocupación para los ganaderos de la comarca. Un manifiesto con el apoyo de la Associació Pallaresa de Ramaders d’Oví, la Federació d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum y Revolta Pagesa denuncia que el lobo es “un peligro” para el ganado y las personas. Lo han enviado a los partidos políticos para reclamar soluciones y apuntan a la posibilidad de movilizarse si no las reciben.

Rechazo a prorrogar las primas a plantas de purín

Una de las enmiendas incorporadas en el Senado por Junts, ERC, PP y PNV pretendía prorrogar las primas a las plantas de secado de purines, necesarias para hacer económicamente viable este tratamiento. Sin embargo, el Gobierno español ejerció el miércoles la potestad de veto a iniciativas que suponen un aumento presupuestario y ayer no se votó. La planta de Alcarràs cerró en diciembre al expirar estas ayudas, mientras que Tracjusa se quedará sin ellas en diciembre. En próximos años, las perderán también los complejos de VAG (Juneda) y Miralcamp.

Quejas por el veto y represalia de Junts

ERC, Junts y organizaciones agrarias criticaron el veto a la enmienda para prorrogar las ayudas a las plantas de purines. Al no poder votarla ayer en el Congreso, Junts decidió no apoyar la creación de la Agencia de Control Alimentario. Lo hizo como represalia al PSOE, que perdió la votación.