El Justicia de Aragón reprende a varios alcaldes

El Justicia de Aragón, el ‘ombudsman’ o defensor del pueblo autonómico, cargo que desde hacer un año desempeña la magistrada en excedencia Concepción Gimeno, ha dirigido varias recomendaciones a alcaldes y ayuntamientos de la Llitera y el Baix Cinca tras haber detectado anomalías en el funcionamiento de las administraciones locales, en todos los casos, tras haber recibido quejas de ciudadanos que ponían de manifiesto actuaciones ‘mejorables’.

Algunas de esas quejas y sugerencias se incluyen entre las más destacadas del informe sobre la actividad de la institución en 2024, ejercicio en el que la magistrada Concepción Gimeno sustituyó a su frente a Javier Hernández, lugarteniente del juez Ángel Dolado y sustituto suyo en el último tramo del mandato. El documento fue entregado hace unos días a las Cortes de Aragón, donde próximamente Gimeno expondrá su contenido.

Una de las resoluciones propone al ayuntamiento de Binèfar que dé a su Policía Local “las instrucciones oportunas” para que los agentes “dejen constancia de aquellas intervenciones que lleven a cabo durante el servicio, y especialmente, aquellas con una posible trascendencia judicial”. La instrucción constató que no todas quedan registradas.

“Resulta posible que a futuro se traten de evitar este tipo de situaciones”, señala el Justicia tras haber investigado la queja presentada por un vecino ante la imposibilidad de “acceder a un informe sobre una intervención llevada a cabo en su vivienda en el año 2015”, cuando “tras una serie de desavenencias con su hijo, tuvo que requerir la presencia policial en su domicilio por unos posibles malos tratos”.

Dos años después intentó sin éxito conseguir ese atestado. Siete años después, “no existen datos registrados de la supuesta intervención policial que nombra”, respondió el consistorio, que añadió que los agentes “no recuerdan la intervención”, por lo que “no se va a poder emitir ningún informe oficial policial que relate los supuestos hechos sucedidos”.

“Podríamos encontrarnos ante unos actos con trascendencia penal”, concluyó la instructora de la queja, que considera “necesario y aconsejable” ante “este tipo de intervenciones” elaborar “diligencias policiales que pudieran ser remitidas a la autoridad judicial, o cuando menos, dejar constancia de los hechos mediante un informe interno”.

El Justicia también sugirió al ayuntamiento de Torrent de Cinca que formulara a la Aesa (Agencia Española de Seguridad Aérea) una consulta “para que esta determine” si “cumple o no con la normativa relativa a los vuelos con drones” en su término.

El consistorio, que carece de normativa propia sobre ese tipo de aparatos, llevaba desde finales de 2019 realizando vuelos en un dron de su propiedad que pilotaba un empleado municipal y que, tras requerirle información el Justcia, suspendió “en tanto no finalice el proceso formativo de la persona seleccionada por el ayuntamiento para pilotar el dron”.

Según el consistorio, esos vuelos se realizaban “de forma puntual, normalmente a solicitud previa de los interesados, manteniéndose la distancia respecto de las personas y de los objetos”.

Por su parte, el vecino que presentó la queja advertía de que “han podido conculcar, por un lado, la normativa aplicable; y, por otro lado, la intimidad y la privacidad de los vecinos y vecinas del municipio debido a la toma de imágenes durante dichos vuelos”.

Ambos consistorios aceptaron las sugerencias, que no llegaron a serle dirigidas al de Belver de Cinca al haber eludido este responder en dos expedientes, uno por una limpieza de escombros que no llegó a materializarse y otra por la falta de accesibilidad en espacios públicos, entre ellos los baños de edificio consistorial.

El Justicia también tramitó quejas sobre los ayuntamiento de Albalate, Baldellou, Fraga y Tamarit y la Comarca de la Llitera.