SUCESOS
Una jueza tardó semanas en buscar al yihadista acusado de matar a payeses
No vio razones para hacerlo tras quitarse el sospechoso la pulsera telemática y darse a la fuga
Allal El Mourabit Ahmmar fue detenido el martes en Beziers, en Francia, como avanzó SEGRE. - G.C./P.N./M.E.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria dictó una orden búsqueda y captura contra Allal El Mourabit Ahmmar, el presunto asesino de un agricultor de Vilanova de la Barca y otros dos payeses en Navarra, el mismo día que ocurrió el primer crimen –que se cometió el 23 de noviembre de 2023– meses después que el sospechoso se arrancara una pulsera de control telemática cuando estaba en libertad vigilada por delitos relacionados con el terrorismo yihadista y huyó, según informó ayer El Confidencial. Cabe recordar que el ahora detenido residía en Vitoria y su familia denunció la desaparición. Con la acción de arrancarse la pulsera incurrió en un nuevo delito, el de quebrantamiento.
La Audiencia Nacional, el tribunal que le condenó por terrorismo, emitió un auto judicial informando a los juzgados de Vitoria para que abrieran una causa por delito de quebrantamiento de medidas de libertad vigilada. Era competencia de un juzgado local al ser un delito nuevo y haberse cometido en su demarcación. En ese momento, El Mourabit ya había cumplido su condena de cárcel. La nueva causa recayó en el Juzgado de Instrucción 3 de Vitoria, que el 30 de octubre de 2023 dictó una resolución en la que dijo que “no existen motivos para acordar la detención de Allal El Mourabit Ahammar”. En la resolución, la jueza argumentaba que no podía dictar la orden de busca y captura sobre una persona a la que no estaba investigando previamente. Por ello, abrió una causa y citó formalmente al fugado que, como era previsible, no se presentó después de haberse arrancado una pulsera telemática.
Fue finalmente el 23 de noviembre de 2023 –el mismo día que se cometió el asesinato de Pedro Oyón, un payés de 68 años en Tudela, en Navarra– cuando la jueza de Vitoria dictó la orden de busca y captura. En esa resolución, insistía en que un juez no puede ordenar el arresto hasta que no tenga “motivos bastantes” para estimar que el sospechoso ha participado en un delito. Entonces, dos meses después de la fuga, pidió a la Policía Nacional y la Ertzaintza que le encontrasen. También resolvió incluir los datos del fugado en el SIRAJ, un fichero único para los juzgados y fuerzas de seguridad.
