Reclaman una oficina para agrupar los juzgados de paz

Los ayuntamientos de l’Alta Ribagorça pedirán a la Administración de Justicia dotarse de una agrupación de secretarías de juzgados de paz para reforzar las funciones de los tres jueces de paz locales. Esto derivará en una asignación de dos empleados judiciales para la comarca, que asumirán la carga de trabajo del juez de paz e incluso trámites del juzgado de Tremp, sede judicial del partido donde se ubica la Ribagorça. El presidente del consell comarcal, Albert Palacín, explicó que hace unos días mantuvo una reunión con las tres alcaldesas (Iolanda Ferran, de El Pont de Suert; Maria José Erta, de Vilaller, y Sònia Bruguera, de La Vall de Boí) y una representante de la Administración de Justicia. Pusieron sobre la mesa esta posibilidad, que “evitaría desplazamientos de más de una hora (a Tremp) y daría un servicio de más proximidad”, señaló Palacín. Fuentes de la conselleria de Justicia señalaron que la solicitud de este nuevo servicio debe ser aprobada por el Consejo General del Poder Judicial, con sede en Madrid. Previamente, los ayuntamientos de la Alta Ribagorça la deben avalar en sus plenos y el consell tendrá que presentar una memoria justificativa de la necesidad. Señalaron que, en el caso de la Alta Ribagorça, no se cumple el requisito de población, que es de poco más de 4.000 vecinos. Sin embargo, los recursos limitados de los ayuntamientos y las grandes distancias en el partido judicial pueden decantar la balanza. Las agrupaciones de secretarías concentran la actividad de los juzgados de paz, especialmente en lo relacionado con los registros civiles, y en Lleida hay una decena de agrupaciones ya en funcionamiento, la mayoría en el llano. Por ejemplo, en el llano, la agrupación de Les Borges Blanques da servicio a una población de más de 14.000 habitantes de diez municipios de Les Garrigues. La de Almacelles sirve a unos 13.000 habitantes de Almacelles y Alpicat, mientras que la de Agramunt abarca a una población de 8.700 personas de cinco municipios del Urgell, entre otras agrupaciones. En el Pirineo no consta ninguna en el registro del ministerio de Justicia, si bien se estarían impulsando no solo en la Alta Ribagorça sino también en Sort. El objetivo es también acercar la administración de justicia al ciudadano.