La luz de Boí Taüll, en los tribunales

Garantizar la electricidad a la estación de esquí de Boí Taüll se ha convertido en un asunto espinoso. La conservación de la única línea que suministra al complejo, antigua y deteriorada, y la construcción de otra nueva para sustituirla ha dado pie a un cruce de litigios que afecta a la Generalitat, propietaria de las pistas, el ayuntamiento, a quien compete otorgar las licencias de obras, y una empresa de Valencia. Se trata de la firma Gestora Valenciana de Viajes en Grupo SL, propietaria de terrenos por los que pasa la vieja línea y que reclama como suyos otros por los que debe pasar la nueva.

El primer conflicto afecta a la antigua línea. La Generalitat defiende que puede acceder a cualquier punto de ella para mantenerla y repararla por la existencia de una servidumbre de paso, algo que rechaza la firma dueña de terrenos por los que pasa el cable. La administración catalana acudió a los tribunales, pero no le han dado la razón. El pasado mayo, una sentencia del juzgado de Tremp rechazó la existencia de servidumbre alguna y condenó a pagar las costas del juicio a la empresa pública Actius de Muntanya, filial de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) y dueña de Boí Taüll. En cuanto a la nueva línea, la Generalitat inició hace dos años las obras, siguiendo un trazado paralelo al de la carretera de Boí Taüll, pero no llegó a terminarlas. Quedaron paralizadas a raíz de la anulación de la primera licencia de obras que el ayuntamiento de La Vall de Boí otorgó en 2022. Desde entonces ha habido otros dos intentos de obtener un nuevo permiso para legalizar los trabajos ya ejecutados y concluir los que faltan. Gestora Valenciana de Viajes en Grupo reivindica la propiedad de parte de los terrenos por los que debe pasar la nueva línea e impugnó la primera licencia. El juzgado de Tremp la declaró nula en 2023, al considerar que Actius de Muntanya no había acreditado ser dueña de todas las fincas afefctadas por las obras. Cuando se dictó esta sentencia, la empresa de la Generalitat había renunciado ya al primer permiso y el consistorio lo había dejado sin efecto.Actius de Muntanya pidió una nueva licencia de obras al ayuntamiento pero este rechazó otorgarla, al valorar que el proyecto no difería del que se había saldado ya con una sentencia anulatoria. Esto desencadenó un nuevo litigio, que sigue pendiente de resolución. En esta ocasión es la empresa pública de la Generalitat la que ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la decisión del consistorio de denegar la segunda licencia.El ayuntamiento, que ha afrontado recursos tanto por otorgar licencia a la nueva línea como por denegarla, recibió meses atrás una tercera solicitud de permiso para estas obras. A los litigios en el ámbito contencioso-administrativo se suma una querella contra la alcaldesa, Sònia Bruguera, al que la firma valenciana atribuye supuestas irregularidades al otorgar la primera licencia. Esta causa judicial aún no se ha resuelto.

Conflictos por la liquidación de la empresa que creó la estación

La Generalitat adquirió Boí Taüll en 2014 como dación en pago de deudas de la empresa que creó la estación, Promocions Turístiques de la Vall. Esta firma se había convertido años antes en una filial del grupo inmobiliario Nozar. La adquisición por parte del Govern tenía como objetivo evitar el cierre de las pistas, un motor económico de la Ribagorça, y abarcó solo parte del patrimonio inmobiliario de Promocions Turístiques de la Vall. El resto se dividió en lotes y se subastó en el marco de la liquidación de la empresa, con lo que pasó a manos de diferentes propietarios. Uno de ellos es Gestora Valenciana de Viajes en Grupo SL, que compró suelo por donde pasa la única línea eléctrica que suministra a la estación y otros terrenos.