El Govern redobla la vigilancia para evitar más incidentes en Les Borges Blanques
El alcalde pide ayuda a la Generalitat tras los sucesos del domingo después de una ocupación frustrada|| Los Mossos recogen información y se reunirán con fiscalía
La Generalitat ha decidido reforzar la vigilancia en Les Borges Blanques después de los incidentes del pasado domingo, que llevaron ayer al ayuntamiento a pedir amparo a la Generalitat. Los Mossos frenaron antes de ayer por la noche un intento de ocupación en un edificio de la calle Francesc Macià y pocos minutos después un grupo de personas volcaran contenedores en la calle, con el objetivo de cortar el acceso al bloque ya ocupado de la calle Santiago Rusiñol, donde ha habido varios incidentes en las últimas semanas, como un incendio el viernes, con cinco personas evacuadas al hospital Arnau de Vilanova por inhalación de humo.
El director de los servicios territoriales de Interior en Lleida en funciones, Xavier Garròs, explicó, tras reunirse con el alcalde, Josep Ramon Farran, que “los Mossos d’Esquadra han incrementado la vigilancia y el patrullaje en la zona desde el pasado viernes e incluso, si es necesario, se desplegarán unidades del ARRO”.
En este sentido, los Mossos están recopilando la información, también está prevista una reunión con la Fiscalía y que intervengan Servicios Sociales. De esta forma, se espera que el trabajo preventivo evite que los incidentes vayan a mayores. Asimismo, fuentes solventes indicaron que la empresa dueña del bloque hasta ayer no había presentado ninguna denuncia. En cuanto a la conflictividad, los incidentes estarían ocasionados por miembros de varias familias.
El alcalde señaló a su vez que Les Borges se ha convertido en una “carpeta prioritaria” para la Generalitat y que la complejidad de la situación actual en el edificio ocupado de Santiago Rusiñol debe abordarse desde las consellerias no solo de Interior, sino también de Derechos Sociales y de Territorio, que tiene responsabilidad en materia de vivienda.
Garrigues
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Albert Guerrero
También junto a fiscalía, añadió Farran. Manifestó que el ayuntamiento “confrontará la ocupación que tenga detrás una actividad delictiva”, señaló el primer edil.
El edificio de la calle Santiago Rusiñol tiene 77 viviendas de las que más de 40 están ocupadas. Un total de 52 son de Inmocaixa (de la firma Criteria, que depende de la fundación de la Caixa), otras 14 son de un fondo de inversión, una es de CaixaBank y el resto son de particulares. El ayuntamiento ha mostrado su voluntad de que el edificio pase a ser de titularidad pública. Hace dos semanas, la eléctrica Endesa cortó la luz a casi todos los pisos.