Les Garrigues, forzada a pagar la atención de los mayores

La provisionalidad del actual Govern en funciones ha paralizado, según el consell de Les Garrigues, parte de la financiación de la plataforma de servicios de proximidad para la tercera edad en la comarca, EMPIC. La iniciativa fue creada por el consell en 2016 en colaboración con 22 de los 24 municipios de la comarca para ofrecer servicios y actividades de manera coordinada con los centros municipales. Esta plataforma ha sido financiada a través de aportaciones municipales, del consell y del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), que asumía las horas de una técnica que gestionaba el proyecto, a través de un contrato programa. Desde junio, la Generalitat ha dejado de pagar a la técnica, lo que ha obligado al consell y los ayuntamientos a asumir este coste sobrevenido, que asciende a 28.000 euros. “Es una iniciativa de Les Garrigues y no se paralizará. Se seguirán prestando los servicios y actividades en todos los pueblos porque es una necesidad”, dijo el presidente del ente comarcal, Antoni Villas. Añadió que se ha firmado un convenio con los ayuntamientos para financiar la parte proporcional de la técnica a la espera de la creación de un nuevo Govern y la participación de Derechos Sociales, “que está trabajando con medidas para afrontar este año”, dijo Villas. “Sabemos que los ayuntamientos ya no pueden asumir más servicios pero este es básico, especialmente en una comarca con un índice de envejecimiento del 200% comparado con el 119% de la media de Catalunya”. La plataforma se financia por distintas vías: cuota anual de los ayuntamientos, la gestión por parte del consell con una agente del SOC (con jornada completa), aportaciones del Plan de Salud de la Diputación y del copago de los usuarios por los servicios que abarcan desde podología, fisioterapia, lavandería o comedores sociales y talleres de memoria. Colaboran cuatro centros de servicios municipales en la comarca, Castelldans, La Granadella, Vinaixa y L’Albi, además de equipamientos municipales en la mayoría de los pueblos. Veintidós municipios están adheridos al proyecto y las personas usuarias llegan a las 789. “Hasta fin de año serán los ayuntamientos los que pagarán la parte de la técnico aunque confiamos en encontrar más financiación”, dijo Villas.