Los patronos de la residencia de Tremp culpan del brote a Salud

Dos de los tres miembros del patronato de la Fundación Fiella de Tremp, el exalcalde Joan Ubach y el vicario general de la dicósesis de Urgell, Josep Maria Mauri, negaron ayer tener responsabilidad en el brote de Covid que hubo en la residencia en noviembre de 2020 y causó la muerte de 64 de los 142 usuarios y criticaron a Salud. Los declarantes negaron que no hubiera el material necesario para los trabajadores. Ambos declararon ayer como investigados ante el juzgado de la capital del Urgell como ya hiciera el lunes y en el mismo sentido la exdirectora del geriátrico, M.N (ver SEGRE de ayer). Un tercer patrón, J.S, exconcejal del Tremp, se acogió su derecho a no declarar como ya hizo el lunes la exresponsable de Higiene Sanitaria, la religiosa M.R.N, que compareció por videoconferencia. Estaban citados en la causa por un delito contra la seguridad de los trabajadores. Cabe recordar que hay otra de abierta por un delito de homicidio imprudente y trato degradante a los usuarios por lo que todavía no han declarado imputados.

Joan Ubach atendió a los medios tras la declaración y criticó la gestión que hizo el departamento de Salut. “He explicado la verdad de los hechos vividos. Salud gestionó la situación muy mal e hizo un comunicado con más de una contradicción y de una mentira” como la fecha de intervención del centro. Antes que él, declaró el vicario general del obispado de Urgell, Josep Maria Mauri, que accedió a las dependencias judiciales por la puerta trasera. Estuvo acompañado por su abogada y no hizo declaraciones.

Maria Nolla, de Prats Advocats y letrada de varias familias de usyarios fallecidos y que ejerce la acusación popular en la causa contra la seguridad de los trabajadores, explicó que las declaraciones de los dos miembros del patronato mantuvieron la línea de la exdirectora y que eludieron ser responsables. “Han asegurado que había material suficiente, que nadie, ni directora, médicos u otro personal se quejaron y que, en todo caso, las encargadas de ello eran las religiosas”, afirmó Nolla. También defendieron que no sabían nada de la castanyada que podría haber originado el brote y que fueron conocedores tras las querellas. Los investigados no declararon en relación con las querellas que interpusieron contra ellos la madre superiora del centro, ya fallecida, y la responsable higiénico-sanitaria, también imputada por las dos causas. Aseguran que falsificaron documentos y sus firmas por atribuirles responsabilidades que no tenían. Cabe recordar que el lunes, la exdirectora culpó a las monjas del brote asegurando que eran las responsables sanitarias. También dijo que el centro funcionaba correctamente mientras ella estuvo al frente y que las acusaciones de los trabajadores “son falsas”.

El caso fue denunciado por la Fiscalía, que se basó en la investigación de los Mossos y los informes del departamento de Salud, que intervino el centro, y que determinaron que hubo un “descontrol total”. Así, advirtieron de “graves irregularidades” en la aplicación de los protocolos para evitar contagios, como el mal uso de los EPI, la ausencia de sectorización del centro para aislar a los contagiados y la falta de formación del personal y de información a los familiares.Por otra parte, las citaciones para declarar ante el juzgado por la causa por un delito de homicidio imprudente podrían tener lugar a partir de abril, según indicó Maria Nolla.