El juez deja sin contrato de alquiler a 15 familias en un edificio de la Sareb en Golmés

El Juzgado de Primera Instancia ha declarado sin validez los contratos de alquiler por los que quince familias residen en el número 82 de la calle Carretera Vella de Golmés, lo que desde ayer, cuando conocieron la sentencia, les sitúa en un limbo habitacional: no son inquilinos ni propietarios, pero tampoco okupas; y, en cualquier caso, son lo que sean por decisión judicial.

El edificio, en el que algunas de esas familias llevan más de una década residiendo, pasó hace unos meses a ser propiedad de la Sareb o banco malo, que ejecutó una hipoteca por los impagos del anterior propietario, J. V. V., a Aliseda, la inmobiliaria del extinto Banco Popular.Ese pleito comenzó en 2018, fecha en la que los inquilinos habían empezado a abonar en mano los arriendos. “Procede declarar que no tienen derecho a permanecer en las viviendas ubicadas en el inmueble” los vecinos con contratos fechados antes de marzo de 2019, puesto que estarían vencidos por haber pasado más de cinco años desde su firma, concluye el magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Lleida, quien añade que ninguno de ellos llegó a ser inscrito en el Registro de la Propiedad.Para los posteriores a esa fecha, añade, el contrato aportado “tiene visos de ser fraudulento” y “es dable pensar que (...) sean simulados”, ya que ninguno de sus titulares aporta justiticantes de los pagos, añade el juez, que llega a la misma conclusión para las quince familias de inquilinos: “declaro que ninguno (...) tiene título válido para proseguir en la ocupación del inmueble objeto de la ejecución hipotecaria”.

“Solo falta el lanzamiento”, se temen los inquilinos del edificio, que se sienten en un limbo jurídico ante una sentencia que, por otra parte, no es recurrible ante la Audiencia Provincial ni el Tribunal Superior.Mientras tanto, fuentes de la Sareb explicaron que “lo que había que aclarar es si los contratos eran válidos o no, y el juez ha dictaminado que esos contratos no les dan derecho a permanecer en el inmueble” de la Carretera Vella.“A partir de ahí, se hablará con ellos y se les ofrecerá un alquiler por una renta acorde con el edificio y con la zona. Y si no se llega a un acuerdo se les dará un plazo para que puedan buscar otra vivienda”. Por su parte, el ayuntamiento de Golmés ya ha contactado con la dirección general de Vivienda de la Generalitat y con los Servicios Sociales para tratar de buscar una solución. “La última opción es que esas familias vayan a irse del edificio, esa es la voluntad del ayuntamiento y de la mayor parte de los vecinos”, señaló el alcalde, Jordi Calvís, quien insistió en que por parte del consistorio “hay una voluntad de negociar para que eso no llegue a ocurrir”.