COMARCAS
Una “verdad incómoda”: más de 1.200 abortos a andorranas en diez años
El Govern de Andorra da tímidos pasos para despenalizar la interrupción del embarazo una década después del primer intento
El copríncipe episcopal se opone
Lucha feminista ■ Las mujeres andorranas llevan una década presionando para despenalizar y la legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, que en Europa solo mantienen fuera de la ley Andorra, Malta y el Vaticano. - AMNISTÍA INTERNACIONAL
“Es una verdad incómoda, sí, porque todos sabemos lo que pasa. No vamos a dejar de luchar por ese derecho nuestro. Si no lo logramos nosotras, lo harán nuestras hijas o nuestras nietas”, señala Mónica Codina, presidenta de la Associació de Dones de Andorra (ADA) sobre el paradójico marco de la interrupción voluntaria del embarazo en el país pirenaico: es uno de los tres estados europeos, con Malta y el Vaticano, que lo mantiene fuera de la ley y sus leyes criminalizan tanto a la mujer como a quienes efectúan las intervenciones clínicas, pero, al mismo tiempo, solo en los hospitales y clínicas de Catalunya se practicaron 1.240 a gestantes andorranas entre 2014 y 2023, según datos de la Generalitat, y el precepto penal que castiga esa conducta extraterritorial sigue sin estrenar.
Los registros de esa década, con una horquilla que va de los 107 abortos de 2017 a los 146 de 2019, se han anotado entre dos hitos: la fallida propuesta de despenalización del Partido Socialdemócrata, la histórica recogida de 4.300 firmas de apoyo por la ADA y la primera amonestación de la Cedaw (Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer), todo en 2013, y, por otro lado, la confirmación oficiosa de que el Govern trabaja desde hace unos meses en una fórmula para abolir la criminalización del aborto, al menos para las mujeres y en los tres supuestos de mínimos (violación, riesgo para la madre y malformación del feto) aunque no para los sanitarios, y para asumir el coste de las intervenciones, que en cualquier caso no se realizarían en territorio andorrano.Los principales escollos para ese objetivo se hallan en la figura del copríncipe episcopal, contrario a la iniciativa por cuestiones morales, y en el artículo 8 de la Constitución andorrana de 1993, que “reconoce el derecho a la vida y la protege plenamente en sus diferentes fases”.Todos los redactores del texto eran varones. “Nadie pensó en que eso pudiera llegar a suponer un problema para alguien”, ironiza Codina.
No obstante, fuentes del Govern andorrano declinaron pornunciarse sobre la iniciativa, que según informó La Vanguardia incluiría la elaboración de un informe sobre los límites de ese precepto constitucional. “La despenalización sería un paso importante. Lo que buscamos es la legalización, pero eso sabemos que tardará”, añade la presidenta de ADA.
