Investigan la licencia de un restaurante con una estrella Michelin de Bellvís tras una denuncia

El ayuntamiento de Bellvís ha abierto, tras la denuncia de una vecina, un expediente urbanístico para determinar si la licencia con que cuenta La Boscana ampara la actividad del exitoso restaurante que dirige Joel Castanyé, que está reconocido con una estrella Michelín.

Un portavoz de la empresa aseguró que “lo tenemos todo en regla. Tenemos todas las licencias. Siempre hemos hecho lo que se nos ha pedido”. La denuncia sostiene que el local, que presta servicio de restaurante y organiza banquetes y eventos, no tiene los papeles en regla para operar como tal y emite ruido en exceso.

Según consta en el expediente, La Boscana, cuyo recinto completo abarca cinco parcelas de un mismo polígono catastral ubicado en la zona sur del término de Bellvís, a algo más de un kilómetro del casco urbano, cuenta desde 2008 con una licencia ambiental de “centro de ocio y educación en el tiempo libre”, la misma que una casa de colonias o una granja escuela.

Esa licencia fue ampliada en 2010 para un servicio de restauración, un detalle nuclear para los dictámenes que deben elaborar el secretario y el arquitecto municipales: ¿ese permiso es el de un restaurante o el de la cocina y el comedor de una casa de colonias?El permiso inicial, de 2008, incluye la obligación de reciclar “residuos biodegradables de cocinas y restaurantes”, pero también los “excrementos de animales, orina y cieno (incluida paja podrida) y efluentes”, limita la emisión de ruido a una horquilla de 42 a 52 decibelios y obliga a cesar la actividad a medianoche “tal y como se define en el proyecto”. 

La Boscana está instalada en una masía ubicada “legalmente implantada en suelo no urbanizable”.La alcaldesa, Sílvia Solé, que asumió el cargo el año pasado y se encontró este asunto de hace cuatro mandatos, rechazó pronunciarse sobre el expediente por encontrarse abierto, aunque fuentes municipales anotaron que aplicará la normativa.

Fuentes de la consellería de Territorio, cuya intervención reclama la denunciante ante la tardanza en que se emita una resolución, indicaron que “el consistorio es el que tiene las competencias en materia de protección de la legalidad” y que, en todo caso, no puede actuar “mientras no acabe de forma expresa ese procedimiento”.