ESTABLECIMIENTOS NORMATIVA
La Generalitat impone 32 multas en 21 meses por alojar turistas en pisos de forma ilegal
Entre enero de 2022 y el pasado septiembre, con sanciones que ascienden a 35.611 euros
La normativa que regula estos alojamientos turísticos establece obligaciones como inscribirlos en un registro
La Generalitat abrió entre enero de 2022 y el pasado mes de septiembre un total de 32 expedientes sancionadores en Lleida a personas que acogían a turistas en viviendas de forma ilegal. Fuentes de la Agència Catalana de Turisme (ACT) explicaron que el importe de las sanciones asciende a 35.611 euros. Estas multas se añaden a las casi 130 que se impusieron entre 2013 y 2021 y que sumaban 314.000 euros.
La normativa que regula las viviendas de uso turístico (HUT, en sus siglas en catalán) exige que estos alojamientos estén inscritos en el Registre de Turisme de Catalunya. Además, un decreto del año 2020 establece que el número identificativo debe mostrarse en un lugar visible y fácilmente localizable. La regulación también marca que deben cederse por una estancia igual o inferior a 31 días. Otro de los requisitos es que los pisos no pueden ser ocupados por más personas que las que marca la cédula de habitabilidad y, como máximo, pueden tener 15 plazas.
En Lleida hay más de 4.300 HUT y son los alojamientos con más plazas de la provincia. En concreto, cuentan con más de 23.683 y superan las camas de los campings y los hoteles. Su rápida proliferación ha llevado a ayuntamientos de la demarcación a aprobar regulaciones para ponerles coto y evitar que distorsionen los precios de los alquileres. Esto se debe a que los propietarios prefiren alquilarlas a turistas a un precio más elevado y por un periodo más corto que, por ejemplo, a trabajadores y estudiantes. El consistorio de Vielha fue pionero en poner coto a los HUT y, desde finales de 2019, solo permite nuevos pisos turísticos en casas unifamiliares y bloques donde todas las viviendas estén destinadas a este fin. Àger, Rialp y Talarn también los han regulado. Mientras, otros ayuntamientos de la provincia han suspendido licencias mientras tramitan una normativa (ver desglose). Por su parte, la Generalitat anunció en julio que impulsará una nueva regulación.