TRIBUNALES FUNCIONARIADO
Procesado un bombero leridano en prácticas por ir bebido y drogado
Tuvo un accidente en julio, cuando hacía el curso, y dio positivo en cocaína
Uno de los 250 futuros bomberos de la Generalitat que han empezado las prácticas recientemente es un leridano que está procesado por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, cocaína concretamente. La imputación por parte de los Mossos d’Esquadra se produjo en julio, en la época en la que el procesado estaba llevando a cabo el curso en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en Mollet del Vallès. Actualmente se encuentra haciendo las prácticas. Desde la dirección general de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (DGPEIS) han indicado que no se tomará una decisión hasta que haya una sentencia firme. El hecho de mantenerlo en el cuerpo ha causado malestar entre algunos agentes de la policía autonómica, quienes aseguran que si esto se hubiera producido con uno de los alumnos de la policía catalana, se le habría expulsado de manera inmediata.
El bombero en prácticas fue denunciado penalmente el pasado julio después de verse implicado en un accidente en Anglesola. Dio una tasa de alcohol de 0,70 mg/l. y positivo en cocaína, que fue confirmado por laboratorio. Los Mossos d’Esquadra le imputaron un delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. Al conocer que se trataba de un aspirante a bombero de la Generalitat, se hizo también una correspondiente nota informativa sobre este hecho y se le dio trámite. Sin embargo, el procesado es uno de los 250 aspirantes que ha superado la formación de ocho meses en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya y ahora han empezado las prácticas en los diferentes parques. Así, el pasado 29 de noviembre recibió el diploma acreditativo. Pese a su situación procesal, sigue en prácticas.
Por su parte, desde la dirección de Bomberos aseguraron que no se actuará al respecto hasta que haya una sentencia firme ya que prevalece el derecho a la presunción de inocencia. Indicaron que serán los servicios jurídicos del departamento de Interior los encargados de tomar una decisión, pero se desconoce en qué sentido. Posponer cualquier decisión administrativa en casos de procesamientos hasta que no haya una resolución judicial firme es una práctica habitual en los ditintos departamentos de la Generalitat, y eso es lo que se ha hecho en este caso.