Obligan a Hacienda a pagar 1,7 millones a una forrajera tras 20 años de pleito

La justicia, si es lenta, no es justicia. Lo han padecido los administradores de la forrajera de Torregrossa Grup Fabregat, que tuvo que cerrar por una acusación de fraude fiscal de la que 15 años después fue absuelta. El juez ha ordenado ahora, tras 20 años de pleito, que Hacienda devuelva 1,7 millones del IVA. La firma fue liquidada a raíz de este pleito.

El juzgado de lo Mercantil de Lleida ha ordenado a Hacienda que devuelva 1.771.612 euros a la empresa de forrajes de Torregrossa Grup Fabregat después de que los administradores de la firma hayan sido absueltos de fraude fiscal en una causa que ha durado dos décadas. Se da la circunstancia de que cuando la Audiencia de Lleida dictó la absolución la firma no existía, ya que no pudo hacer frente a las consecuencias de la acusación durante tantos años, entre ellas la retención de los citados 1,7 millones en devoluciones del IVA, por lo que entró en concurso en 2009 y fue liquidada en 2010. A raíz de esta absolución de la Audiencia, dictada en 2017, 15 años después de que se iniciara la causa penal, el juez de lo Mercantil autorizó la reapertura del concurso para que la ya liquidada firma pudiera recuperar los 1,7 millones del impuesto del IVA que le habían retenido, y ahora el juzgado ha ordenado a Hacienda que los pague. Este dinero se destina al pago de proveedores de la masa concursal.

Los hermanos Josep Maria y Maite Fabregat se hicieron cargo en 2002 de Grup Fabregat a raíz de la muerte de los fundadores de la firma. La empresa se dedicaba a la deshidratacion de forrajes y la producción de fruta dulce. También producía energía mediante cogeneración eléctrica. Tenía facturaciones superiores a los 10 millones anuales.Hacienda acusó a la empresa y a sus administradores por supuestas facturas falsas para defraudar con el IVA y el Impuesto de Sociedades en 2001 y 2002. Esta acusación provocó el bloqueo de la devolución del IVA a la empresa, que exportaba en una cantidad superior al 90 por ciento de sus productos, lo que desencadenó la falta de liquidez y la presentación de un concurso de acreedores en 2009, 7 años después de la apertura de la causa penal. 

El bloqueo continuó una vez presentado el concurso, lo que provocó la liquidación de la empresa en 2010. El juicio no se celebró hasta 2015, 13 años después de la apertura de la causa. Hubo una condena en primera instancia, pero la Audiencia de Lleida la revocó en 2017, a los 15 años de la apertura de la causa, y absolvió a los hermanos Fabregat de todos los cargos.

“Estudiamos una posible demanda contra el Estado por los perjuicios”

Josep Maria Fabregat, que fue diputado del PP en el Parlament por Lleida, dejó la política activa en 2002 para hacerse cargo de la empresa familiar junto a su hermana Maite. Dos décadas después, y a los 5 años de haber sido absueltos, Fabregat denuncia la lentitud de la justicia en este proceso y los perjuicios que esta dilación ha generado a la familia. También lamenta “la falta de profesionalidad de la Hacienda Pública, en especial de sus responsables de Inspección en Lleida y Catalunya”, así como “la inoperancia de la administración concursal en todo el proceso”. Todas estas circustancias ha provocado la pérdida de actividad de Grup Fabregat, así como de su patrimonio y el de sus administradores. A todo ello hay que añadir “la pérdida de la credibilidad y de la honorabilidad a la que se han visto sometidos los adminmistradores y los socios de las empresas del Grup Fabregat”. Por todo ello, “estudiamos la posible presentación de una demanda contra el Estado, y en concreto contra la Hacienda Pública, por los daños y perjuicios que nos han provocado”.Las cantidades devueltas por Hacienda sirven para pagar las deudas de la masa concursal. Se da la circunstancia de que antes de abonar los 1,7 millones bloqueados como medida cautelar a raíz de la causa penal, la administración tributaria ha presentado diversos recursos para intentar evitar el pago. Cuando la Audiencia de Lleida dictó la sentencia absolutoria y estimó que no había prueba alguna de la existencia de los delitos fiscales imputados, la retención del dinero dejaba de tener justificación. Para que pudiera ser devuelto, y como quiera que la forrajera había sido liquidada, se pidió la reapertura del concurso, que fue estimada por el juez de lo Mercantil. Hacienda presentó alegaciones para evitar el pago, pero el juez las ha rechazado.