La Generalitat reformará la ley de Aran para mejorar su autogobierno

“Las leyes son vivas y la de Aran tiene retos y margen de mejora. Desde el Govern trabajaremos para llegar a los objetivos que nos propongamos”. Así respondió ayer la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, a la Síndica de Aran, Maria Vergés, en su comparecencia en el Parlament, que por primera vez se llevó a cabo en el transcurso del pleno de la cámara. Vergés aseguró que la modificación de la ley debe abordar el tratamiento jurídico y administrativo de una institución que a día de hoy es considerada como un “ayuntamiento grande” y no como un gobierno autónomo. “Debe ir de la mano del Govern y con el apoyo de la cámara para adaptarla así a la realidad y las necesidades actuales del país”, dijo la Síndica. Reclamó un cambio electoral y la representación directa de la Val en el Parlament con un diputado electo, que no dependa de la voluntad de los partidos, sino que sea elegido por la ciudadanía representando a Aran. En cuanto a la lengua, la síndica fue contundente: “Mos Morim!”. Denunció la situación crítica del aranés, afectado por la falta de recursos económicos para llevar a cabo políticas de impulso y defensa. Aseguró que este 2023 el Conselh Generau ha recibido 200.000 euros para implementar políticas lingüísticas, proteger y fomentar el aranés solicitando que la dotación sea progresiva ya que supone un coste de más de 1,4 millones anuales. Durante su intervención, la Síndica dijo que la inversión ejecutada por la Generalitat en Aran entre 2001 y 2020 ha sido del 2% sobre el total invertido en las comarcas de Lleida: 40 millones de euros en 19 años. Aseguró que el gobierno de Aran quiere conseguir que la máxima institución aranesa tenga un sistema de financiación propio. “Es uno de los elementos clave para la autonomía política que queremos”. Reivindicó que los recursos destinados al Conselh Generau dejen de depender de convenios y acuerdos que “dinamitan el concepto de autogobierno y autonomía”. Insistió también en que el gobierno de Aran trabaja para conseguir el reconocimiento de la “singularidad” por parte del Estado. Aseguró que la futura ley de montaña será insuficiente si no implica una estrategia realista que lleve a cabo políticas concretas e inversión en los sectores productivos para asegurar la diversificación económica y la retención de talento, entre otros.