La Generalitat saca a concurso la demolición del edificio ilegal del ecologista Joan Vàzquez

La empresa pública de la Generalitat Infraestructures.cat ha sacado a concurso la demolición de un edificio declarado ilegal en Sant Esteve de la Sarga. Pertenece al secretario de la asociación ecologista Ipcena, Joan Vàzquez, quien lo construyó a título personal en suelo rústico de este municipio del Pallars Jussà. Desde el año 2010 pesaba sobre el inmueble una orden de derribo de la Generalitat, ratificada el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en 2014 y por el Supremo en 2015. Ocho años después la construcción sigue en pie y la administración catalana prevé derribarla y pasarle después la factura al propietario.

El expediente del concurso público describe el inmueble como una construcción en el Paratge Hort del Sastre “con tipología de vivienda”. Vàzquez siempre rechazó que se tratase de una casa y afirmaba que era un almacén agrícola. La justicia, por su parte, nunca llegó a entrar en esta cuestión. Las sentencias que declararon ilegal el edificio se basaron en que la superficie construida superaba con mucho la autorizada. La documentación del concurso cifra en 210 metros cuadrados la superficie del edificio (la licencia de obras solo autorizó 70) con dos plantas y un altillo que aprovechan el desnivel del terreno. Menciona también otra construcción de planta subterránea de 15 metros cuadrados, afirma que ambas estarían inacabadas y apunta la existencia junto a ellas de un almacén metálico que no consta en el expediente de derribo.

Tras la sentencia del Supremo, la Generalitat encargó en 2015 la redacción del proyecto para demoler este y otros edificios declarados ilegales por resoluciones judiciales firmes. Infraestructures.cat ha licitado ahora 13 demoliciones en toda Catalunya para la “restitución de la legalidad urbanística”. En Lleida son tres. Además del de Sant Esteve de la Sarga, hay dos edificaciones en suelo no urbanizable con tipología de bordas en Aran. Una está en Bagergue, en suelo no urbanizable de protección especial, y otra en Vielha, en una parcela no urbanizable de Gausac.

“Es el fruto de una persecución, no tuve opción de legalizar las obras”

Joan Vàzquez estaba al corriente de la intención de la Generalitat de demoler el edificio que construyó a título personal en Sant Esteve de la Sarga, pero ayer aún no tenía constancia de que el concurso para adjudicar los trabajos ya estaba en marcha. Al saberlo, insistió en que todo el proceso para declarar ilegal esta construcción y derribarla “es el resultado de una persecución” contra él, con el objetivo de desprestigiarlo por su actividad en defensa del medio ambiente.“El edificio tenía licencia de obras y podría haberse legalizado”, argumentó Vàzquez. “No tuve opción a hacerlo porque no quisieron”, dijo, en referencia a la Generalitat. Desde el inicio del litigio con el Govern, defendió que los setenta metros cuadrados que tenía autorizados correspondían a la planta del inmueble. En cambio, la Generalitat y el TSJC valoraron que excedió el permiso de obras al construir dos pisos y un altillo con esta superficie. El portavoz ecologista recordó que otras construcciones declaradas ilegales siguen en pie sin que se haya puesto en marcha el proceso para derribarlas. Citó como ejemplo en Lleida el caso del restaurante Pont Romà de Camarasa, declarado ilegal en en 2010 y clausurado desde hace años. Ante la posibilidad de que la Generalitat ejecute el derribo del edificio en los próximos meses, Vàzquez afirmó que “ya no tengo ninguna ilusión depositada en ello y tengo otras cosas de las que ocuparme”. Añadió que “es penoso que la obra que ya está hecha no pueda aprovecharse, porque podría servir para otras cosas, como por ejemplo un refugio”. Si bien lo construyó años atrás para su uso personal, posteriormente, ya en pleno litigio con la Generalitat, se ofreció a cederlo de forma gratuita para darle un uso públicos. Sin embargo, esta propuesta no llegó a materializarse.