La Generalitat fijará por ley que el Pirineo pueda decidir sus proyectos estratégicos

La Generalitat fijará por ley que el Pirineo pueda decidir sus proyectos estratégicos. Lo hará con la nueva ley de Alta Montaña, que prevé que se apruebe a finales de año. La consellera de Territorio, Ester Capella, explicó ayer que la normativa saldrá a información pública en marzo y apuntó que “sitúa en el centro de gravedad de las políticas de montaña al propio territorio”. Esta ley sustituirá a la actual, de 1983 y que ha quedado obsoleta, y “nos tiene que permitir hacer frente a los nuevos retos que son sociales, económicos, ambientales e institucionales”. Además, afirmó que establece “un nuevo marco normativo para el fomento y la dinamización del territorio, partiendo de su singularidad, de aquello que lo hace diferente y que requiere herramientas diferentes”.

La ley implicará a la Val d’Aran, la Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, el Alt Urgell, la Cerdanya, el Solsonès, el Berguedà y el Ripollès. Los consells comarcales celebraron que se tenga en cuenta su “singularidad” y se empiece a superar un “olvido histórico”. También pidieron “compromiso presupuestario” para impulsar los proyectos estratégicos (ver claves inferiores). Desde la conselleria aseguraron que el objetivo de la ley es que todo aquello que afecte al desarrollo de las comarcas de montaña se decida desde el territorio. Para ello, se creará la Oficina Técnica de Alta Montaña, cuyo embrión será una unidad de la dirección general de Políticas de Montaña que se desplazará al Pirineo. Este organismo incluirá un observatorio que se encargará de identificar retos y necesidades, recopilar datos y elaborar informes. La oficina será la garantía de que todos los procesos que puedan afectar a las comarcas de montaña, como por ejemplo nuevas normas, tengan en cuenta sus especificidades. Además, también elaborará la propuesta de los planes de actuaciones estratégicas, que son el núcleo central de la nueva ley, y coordonará su despliegue. Capella aseguró que estos planes, que tendrán una vigencia de seis años, “recogerán proyectos innovadores, tractores de economía, generadores de bienestar y con efectos supramunicipales que recibirán financiación pública”. Las iniciativas pueden ser privadas, públicas o mixtas. Capella indicó que la Estrategia para el Pirineo 2024-2030, que incluye 14 actuaciones en materias como la vivienda, será una “prueba piloto” de los planes estratégicos. Estos proyectos los aprobará provisionalmente el Consell General de Muntanya, que se reformulará. Capella aseguró que este “tiene que ser el órgano de gobernanza territorial y sectorial más relevante”. La Generalitat deberá ratificar de forma definitiva los planes. La consellera avanzó que también se reforzará el Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (Idapa).