Una treintena de consistorios tienen ayudas del Govern bloqueadas por no rendir cuentas

Una treintena de ayuntamientos de Lleida tienen bloqueadas ayudas de la Generalitat porque no han remitido a la Sindicatura de Comptes el informe sobre las cuentas municipales de 2022. El plazo finalizaba el 15 de octubre de 2023, la mayoría de entidades locales lo cumplió y otras tantas lo han ido haciendo en estos meses. Sin embargo, con datos de la Sindicatura del pasado miércoles, 28 ayuntamientos de Lleida, dos consells comarcales y la Diputación todavía lo tienen pendiente. En este último caso, fuentes de la corporación provincial señalaron que la causa radica en el retraso en la presentación de las cuentas por parte de algún consorcio que depende de ella, cuyo balance también debe acreditar la Diputación.

Las mismas fuentes añadieron que no reciben ninguna subvención ni ingreso de la Generalitat y que en el caso de programas de gastos compartidos el beneficiario es un tercero. Sí tienen las ayudas bloqueadas, según la Sindicatura, los ayuntamientos de Àger, Alàs i Cerc, L’Albi, Alòs de Balaguer, Alt Àneu, Bausen, Belianes, Cabó, Canejan, Cava, Estamariu, Granadella, Les, Massalcoreig, Menàrguens, Montellà i Martinet, Montferrer i Castellbò, Penelles, La Pobla de Segur, Pont de Bar, Ponts, Salàs de Pallars, Els Torms, Torà, Torregrossa, la Vansa i Fórnols, Vilanova de Bellpuig y Vilanova de l’Aguda.Los datos de la Sindicatura, que ayer presentó además ante el Parlament el informe anual sobre las corporaciones locales para el ejercicio 2021, señalan que otros ocho municipios entregaron la documentación de forma incompleta. 

Son Almacelles, Castellserà, Cervera, Miralcamp, Montoliu de Segarra, Sudanell, Torres de Segre y La Vall de Boí.Los consells del Segrià y l’Urgell tienen también pendiente la entrega de toda la documentación. La mayoría de alcaldes consultados señalaron que prevén aprobar la liquidación de 2022 en los próximos días y remitirla a la Sindicatura, pero también lamentaron la falta de medios de los ayuntamientos con menor población que deben acreditar los mismos trámites que las capitales comarcales o de provincia. Por ejemplo, en Vilanova de l’Aguda, la baja de una secretaria ha retrasado el documento, que está en información pública y se aprobará este mes. Massalcoreig lo remitirá mañana y La Pobla lo aprueba hoy en pleno. En el caso de Les, la Sindicatura requirió al ayuntamiento una documentación y se ha entregado recientemente.

UA y CDA se excedieron en los envíos electorales

Uno de los informes presentados ayer por la Sindicatura, relativo a las elecciones al Conselh Generau d’Aran de 2023, concluye que las dos principales formaciones, Unitat d’Aran y Convergència Democràtica Aranesa, superaron el número de envíos electorales en relación con el número de electores: en el caso de UA, equivale a 39 euros no subvencionables. Para CDA, son 45 euros.

Desajustes en el presupuesto de ingresos del Pla

Sobre el consell del Pla para 2021, la Sindicatura señala que “registró incorrectamente en el presupuesto de ingresos” los de la recogida de residuos y de envases, de la ACA por mejoras y por saneamiento. Concatenó contratos de taxi, comidas y informática varios años como contratos menores. En Tremp, sobre 2020 señala que las cuentas no reflejan el patrimonio ni la situación financiera.