Los municipios de Lleida, sin inspecciones de Salud a establecimientos que sirven comida

La práctica totalidad de municipios de Lleida se han quedado sin inspecciones sanitarias periódicas a establecimientos que sirven comida como bares, restaurantes, tiendas o supermercados. La causa es que la Agencia de Salud, que asumía este servicio por la falta de recursos de los ayuntamientos, no ha renovado el convenio desde antes de la pandemia.

Los ayuntamientos tienen en su lista de competencias las relacionadas con la salud pública y, entre estas, las del control de los alimentos en comercios minoristas, es decir, bares, restaurantes, carnicerías o tiendas que venden comida. Hasta 2019, las inspecciones rutinarias a estos establecimientos las llevaban a cabo profesionales de la Agencia de Salud Pública de Catalunya, dependiente de la conselleria de Salud, a la que los ayuntamientos las delegaban al no contar con medios propios. Sin embargo, antes de la pandemia, Salud dejó de renovar estos acuerdos y esta labor de vigilancia ha quedado en el limbo, ya que la práctica totalidad de consistorios de Lleida no tiene posibilidad de llevarla a cabo.

El caso de Lleida ciudad es distinto. La Paeria ha creado en el actual mandato este servicio y ha incorporado a una veterinaria, después de que la conselleria dejara de ejercer el control rutinario (ver desglose).Sin embargo, más del 90% de los municipios de Lleida tienen menos de 5.000 habitantes y sus ayuntamientos no tienen capacidad para gestionar este servicio, tal y como remarca Mario Urrea, alcalde de Torrebesses y expresidente de la Associació de Micropobles de Catalunya.“No podemos contratar a un veterinario si no es funcionario y los municipios de menos de 5.000 habitantes (215 de 231) no tenemos a ninguno en plantilla ni podemos tenerlo”. “¿Cómo pudo la Generalitat elaborar una agenda rural y dejarse aspectos como este?”, señala Urrea. 

El portavoz del grupo Eines de Repoblament Rural, Jaume Gilabert, remarca también la dificultad de llevar a cabo la labor de control rutinario. Otra cosa es cuando media una denuncia. Si hay alguna queja, por ejemplo, por hedores en un local, responsables municipales avisan a Salud o incluso a los Mossos d’Esquadra. Localidades con más vecinos están en la misma situación. El alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, explica que el consistorio cuenta con una técnica de actividades que eleva el caso a la Policía autonómica si detecta indicios de infracción.En Balaguer tampoco disponen de vigilancia en salud pública y actúan en casos puntuales, según la alcaldesa, Lorena González. Tanto la Associació de Micropobles como Eines de Repoblament han trasladado su preocupación a la conselleria.Incluso el futuro Estatut del Municipi Rural ha recibido alegaciones en este sentido. 

El colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros en Lleida advirtió en un escrito que en muchas comarcas no hay técnicos de salud pública, lo que comporta que las competencias de los pequeños municipios en control, inspección y sanciones no sean ejercidas. Consultada sobre estas peticiones, la conselleria descartó recuperar los convenios pero se abrió a buscar alternativas. Fuentes del departamento que dirige Manel Balcells señalaron que son los ayuntamientos, con ayuda de los consells y las diputaciones, los responsables de la inspección a establecimientos de restauración minorista. La conselleria arguye que la Agencia de Salud Pública no ha retomado los convenios porque debe centrarse en sus competencias, que son sobre todo la inspección de establecimientos de riesgo más elevado y la restauración social colectiva. Añadieron que “se ha iniciado una línea de trabajo con la secretaría de Gobiernos Locales” para ver cómo ayudar a los ayuntamientos en esta labor.

Ayuntamientos de pequeñas localidades denuncian la falta de medios

Alcaldes de municipios pequeños advierten que la normativa trata de igual forma a ayuntamientos con pocos medios que a los mayores. El control sanitario de los establecimientos de alimentación es uno de los ejemplos. La práctica totalidad de consistorios no tiene medios para llevarlo a cabo. También lo es, según algunos de los consultados, la burocracia que deben cumplir con la Sindicatura de Comptes, a la que tienen que enviar cada año antes del 15 de octubre la liquidación de las cuentas del año anterior. Veintiocho ayuntamientos no han podido cumplir aún esta obligación y por ello tienen las ayudas de la Generalitat congeladas. El Estatut del Municipi Rural, que hasta el martes estuvo en información pública, debe ser un instrumento para mejorar esta situación. Sin embargo, ha recibido unas 200 alegaciones desde varios ámbitos. El colegio de Secretarios, por ejemplo, ha pedido entre otras medidas que se simplifique la normativa aplicable a los municipios rurales y se apruebe una ley de contratación pública para estos consistorios.

Lleida contrata a una veterinaria y efectúa 67 controles desde octubre

La Paeria incorporó el pasado mes de octubre a una veterinaria municipal para llevar acabo el control sanitario a establecimientos minoristas de alimentación, después de que la Agencia de Salut Pública dejara de hacerlo. En estas quince semanas, la nueva veterinaria municipal ha llevado a cabo 67 actuaciones, incluyendo control inicial, seguimiento de acciones correctoras e investigación de denuncias junto a la Guardia Urbana. Las inspecciones se han centrado sobre todo en restaurantes, bares, locales de comida preparada, supermercados, carnicerías, pescaderías, mercados municipales, fruterías y verdulerías. Las deficiencias más relevantes han sido falta de higiene y orden en las cocinas, falta de formación y déficit de mantenimiento.