PATRIMONIO ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN
Dos siglos de historia en digital
La Diputación emprende el mayor encargo en 20 años de este tipo, con el que se tomarán 103.000 imágenes de documentos de su archivo
Uno de los objetivos es facilitar las consultas, que se centran en investigaciones históricas, y unas 20 al año en expedientes de niños adoptados en la Maternitat
El archivo, ubicado en la Caparrella, contratará ahora la toma de 103.000 imágenes en un encargo que costará unos 25.000 euros. - H.C.
Seis empresas optan a adjudicarse el mayor concurso impulsado por la Diputación hasta ahora para digitalizar una parte del archivo de la corporación, en el que hay 18.000 cajas de documentación histórica y 4.615 libros de información cosida al modo tradicional. El archivo atesora documentación de hace 200 años (las diputaciones se crearon en 1833) y más, y el encargo que abordará este verano implicará la toma de 103.000 imágenes en el proceso más amplio desde que comenzó la digitalización de todo este legado. “A partir de 1990 comenzamos a microfilmar los documentos y la digitalización arrancó hacia el año 2000”, explica Teresa Ibars, archivera de la Diputación. El propio servicio provincial lleva a cabo parte del trabajo, habitualmente a petición de los servicios internos, pero “lo que no podemos hacer nosotros, lo encargamos por concurso”. Los miles de documentos del archivo ocupan unos 3.000 metros lineales de cajas repletas de papeles y libros, entre los que se hallan decretos, actas de plenos, planos, documentos de catastro, información de las guerras carlistas, de quintas y de reclutamientos, de censos electorales, documentación sobre hospitales y centros benéficos que se remonta a 1753 o actas del Museu Morera. Parte de la historia de Lleida está en esas cajas y se traslada, poco a poco, a discos duros y pantallas.
El principal objetivo es tanto preservar este patrimonio como facilitar la consulta pública. “Sobre todo, vienen investigadores e historiadores” para completar sus trabajos, señala Ibars, aunque “también hay consultas de la Maternitat. Son unas veinte cada año”, de gente que fue adoptada y “busca sus orígenes. Hay expedientes de adopción sobre estos casos, pero los nombres de las madres (naturales), no”, añade. Seis personas trabajan actualmente en el archivo, que cada año elimina unos 100 metros lineales de cajas de documentación (de los 3.000 que hay en total), siguiendo la pauta que dicta una Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección Documental. Entre la documentación ya digitalizada “tenemos decretos de la Diputación desde 1931 casi hasta hoy y son consultables y actas de pleno desde 1833” entre otros papeles. Los próximos documentos serán actas del Organismo de Recaudación y del IEI y un centenar de planos antiguos de patrimonio, obras y vivienda social.
Al menos 173 funcionarios fueron depurados
Una investigación de la archivera Teresa Ibars concluye que en el franquismo algunos fueron despedidos o ‘desterrados’ a otra localidad por ‘rojos’ o conductas ‘impropias
Entre los miles de expedientes que custodia el archivo provincial se hallan los referidos a los trabajadores de la Diputación: su vida laboral en la corporación, incidentes o trámites remarcables se incluyen en los expedientes de la plantilla desde hace décadas. Son también un tesoro histórico que la archivera Teresa Ibars está ahora analizando para elaborar una lista de los trabajadores que fueron depurados en los años de la Guerra Civil y los posteriores.
“Todos los que entraron a trabajar en la Diputación a partir del 18 de julio de 1936 (fecha del golpe militar de Franco contra la Segunda República), hasta un total de 393 empleados de la Diputación, fueron echados directamente a la calle”, explica Ibars, por su vinculación con el bando perdedor. Su profesión y la curiosidad histórica han llevado a la archivera a indagar en estos y en otros 173 expedientes de funcionarios que tuvieron que pasar un proceso de depuración. Eran interrogados y delatados por sus compañeros, que podían informar sobre la ausencia de una práctica católica o de una supuesta vida “fácil”, como fue el caso de varias mujeres a quienes se podía acusar de acompañar a un superior hombre en el mismo vehículo. Entonces llegaban los informes sobre el sospechoso: de la Falange, del gobernador civil o del alcalde, “y luego, el presidente de la Diputación resolvía”: podía eximirlo, echarlo e incluso desterrarlo a otra localidad. Y ello, “al margen de las consecuencias políticas”.El objetivo de la investigación es hacer públicos los nombres de los represaliados, tal y como hizo el ayuntamiento de Lleida en abril. Fueron casi 300 trabajadores municipales depurados por causas ideológicas, políticas o religiosas entre 1938 y 1941. Un total de 177 de 284 funcionarios de la Paeria depurados fueron sancionados o bien despedidos. Solo 107 fueron readmitidos sin represalias. Poco antes de hacerse públicos estos nombres (que pueden consultarse en la web municipal), el consistorio declaró en un pleno la ilegalidad de todas las sanciones por depuración. El buscador web de estos nombres comenzó a gestarse en el año 2017.
