El juez deja a las familias de los rurales asesinados en Aspa sin indemnización del Govern

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado el recurso de reclamación patrimonial presentado por las familias de los dos agentes rurales asesinados por un cazador en Aspa al considerar que el departamento de Agricultura no tiene responsabilidad en los asesinatos y que estos no se hubieran evitado de haber tenido más medidas de seguridad. El abogado de las familias, Pau Simarro, señaló a este diario que ya han presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo al defender que la Generalitat “es del todo responsable”, ya que hacía mucho tiempo que los sindicatos estaban reclamando más medidas de seguridad para las patrullas de campo, las cuales se implantaron de forma inmediata tras el doble crimen. Por ello, consideran que “está claro que sí existe responsabilidad por parte de la administración”.

La Audiencia de Lleida condenó a 45 años de prisión a Ismael Rodríguez Clemente, el cazador de 31 años que asesinó a tiros a Xavier Ribes y David Iglesias en el coto de caza de Aspa el 21 de enero de 2017. El tribunal le impuso 22 años por cada asesinato y uno por tenencia ilícita de armas. También fijó en 1.077.473 euros la responsabiliad civil por los daños causados a las familias de las víctimas. Parte de la indemnización, 300.000 euros, ha tenido que ser asumida por la aseguradora del condenado. El resto, 777.473 euros, fue reclamado a la Generalitat al considerar que era responsable por no haber dotado a los agentes de los medios de protección y seguridad necesarios. Después de que la comisión jurídica asesora de la Generalitat rechazara la reclamación patrimonial de las familias de las víctimas, estas presentaron recurso ante el TSJC. Ahora, el tribunal ha desestimado esta petición al señalar que no hay nexo causal entre el delito y la responsabilidad de la Generalitat. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso SEGRE, el TSJC señala que los asesinatos fueron “implacables, de sorpresivos, inesperados e imprevistos, sin margen temporal alguno de reacción defensiva de las víctimas” y que “ni siquiera pudieron reaccionar a través de los pulsadores de emergencia adosados a los cinturones de trabajo”. Asimismo, considera que no puede prosperar la tesis de los demandantes de que de haber tenido más medidas de seguridad y protección, como chalecos antibalas y un tercer agente rural armado, pudieran haber evitado el suceso. De hecho, señala que los daños sufridos por las familias “no son imputables al funcionamiento del servicio público” sino de “forma exclusiva” al condenado.