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Amnistiados los cuatro acusados de intentar sabotear la Vuelta

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción archiva el caso al aplicarles la ley

Un dels dipòsits intervinguts l’agost passat.

Uno de los depósitos intervenidos el pasado agosto. - POLICÍA NACIONAL

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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Solsona ha amnistiado a los cuatro independentistas investigados por supuesto intento de sabotaje de la Vuelta Ciclista el agosto pasado a su paso por la comarca del Solsonès. Según el auto del juzgado, la Fiscalía informó no oponiéndose a la amnistía por lo que el juez instructor archiva las diligencias previas y cierra el caso. Los presuntos delitos de los que quedan ahora amnistiados los cuatro investigados son por desórdenes públicos, contra la seguridad vial y pertenencia a grupo criminal. Todos ellos en grado de tentativa porque no se han acreditado.

El juez recuerda en su auto que las detenciones se produjeron cuando “pretendían sabotear” la Vuelta “derramando en la C-55, en el término municipal de Santa Susana de Riner, unos 400 litros de una materia que, al parecer, podría ser combustible”. Los detenidos quedaron en libertad tras comparecer ante el juez en Solsona, que decretó que no podían acercarse a menos de 500 metros de las etapas ciclistas. En el auto, en el que se aplica la amnistía, el juez orden levantar todas las medidas cautalares aplicadas a los investigados por esta causa. 

Este caso, que llegó a la Audiencia Nacional por si estaba vinculado con los CDR, comportó la entrada y registro de la Policía Nacional de los domicilios de las cuatro personas investigadas.

El instructor discrepaba del parecer de la Fiscalía, que calificó los hechos en grado de tentativa: consideraba que eran actos preparatorios porque no se llegó a iniciar la ejecución del delito. 

Ahora, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción ha acordado el archivo de la causa en aplicación de la ley de Amnistía.

Esta resolución se conoce la misma semana que la Audiencia de Lleida ha aplicado la ley de Amnistía al agente de la Policía Nacional acusado de agredir a Enric Sirvent –que sufrió un paro cardiorrespiratorio– durante el referéndum del 1-O en el Centre Cívic de la Mariola de la capital del Segrià. Se trata del primer auto del tribunal leridano sobre la amnistía y determina que el delito de lesiones del que estaba acusado el policía tiene encaje legal en la ley, que incluye acciones “realizadas en el curso de actuaciones policiales dirigidas a dificultar o impedir los actos determinantes de responsabilidad penal o administrativa”, por lo que ordena el archivo de la causa. 

La resolución no es firme y se puede interponer recurso de súplica en un plazo de tres días. Las acusaciones particular y popular se opusieron a la aplicación de la amnistía para el agente, para el que solicitaban una condena de tres años de cárcel por un delito de lesiones con el agravante de motivación ideológica y de prevalencia del carácter público del agente. La Fiscalía pidió el sobreseimiento libre.

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